Comunicación y Cultura

Los desafíos de construir nuevos espacios para la comunicación popular y comunitaria

10 febrero, 2015

NUEVOS HORIZONTES A PARTIR DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) no sólo propone modificar sustancialmente el mapa argentino de medios, sino que ha sido pionera en América Latina y ha instalado en algunos países el debate sobre la comunicación democrática. No es un dato menor si se tiene en cuenta que la concentración y la formación de monopolios mediáticos no son un fenómeno exclusivamente argentino, sino una situación que se repite en gran parte de la región.

_DSC5288Desde 2009, la LSCA vino a poner el énfasis en la necesidad de un Estado que regule la actividad de los medios de comunicación audiovisuales desde un paradigma de derechos humanos y con una profunda vocación democrática, de ampliación de derechos. Su sanción fue el resultado de años de debate y construcción de un vasto consenso social fundado en el reconocimiento de la comunicación y la cultura como piezas centrales de nuestras sociedades, que de ninguna manera pueden quedar subsumidas únicamente a las lógicas comerciales en desmedro del bienestar común y de la posibilidad de que todas y todos puedan acceder y participar en la creación de mensajes, de sentidos.

Este horizonte de la comunicación democrática que se abre a partir de la LSCA convoca a una mayor participación popular en los medios y en la creación de contenidos audiovisuales. Una participación que es un proceso de aprendizaje colectivo, que implica organización y sostenibilidad y que interpela a las organizaciones sociales a ser protagonistas de su propio desarrollo.

EL PROTAGONISMO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, LA RESPONSABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 

En la actualidad, las organizaciones sociales de la comunicación comunitaria tienen el desafío de fortalecer sus prácticas y proyectos, tanto para ocupar ese 33% del espectro que les reserva la ley, como para crear contenidos que pongan a circular nuevos sentidos, que propongan nuevas formas de comprender la realidad. Todo ello con miras a avanzar en la incidencia de esos contenidos, en su llegada a las audiencias. Las organizaciones políticas comprendidas dentro de ese universo tienen además la responsabilidad de motorizar ese proceso de consolidación de la comunicación popular y democrática en su búsqueda de contribuir a la transformación de la realidad.

A través de la comunicación en todos sus lenguajes, soportes, géneros y formatos, se forja una nueva manera de comprender e interpretar la realidad donde el pueblo debe ser protagonista, el Estado garante y la política una dimensión inexorable de la vida de la sociedad, particularmente en función de su lucha por la igualdad.

Desde 2003, numerosas construcciones de sentido se han puesto en crisis en virtud del proceso de transformación que atraviesa la Argentina, en estrecha relación con otros procesos que vienen desplegándose en la Patria Grande. Esa disputa por los sentidos que se ha nombrado en el debate público como “batalla cultural” y que ha involucrado explícitamente a la comunicación, debe ser tarea ineludible de las organizaciones políticas que creemos que la comunicación es una herramienta de construcción política, de disputa política, y que, a fin de cuentas, tiene un rol fundamental a la hora de mejorar las condiciones materiales y simbólicas de vida de nuestros pueblos.

LA ORGANIZACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL COMUNITARIA

A partir de esta nueva coyuntura y del acompañamiento por parte del Estado Nacional, durante los últimos años un conjunto de organizaciones sociales y colectivos de comunicación han avanzado en la consolidación del sector de la producción audiovisual comunitaria.

Las productoras audiovisuales comunitarias (o PAC) tienen su arraigo en una comunidad, buscando potenciar su propia voz y su propia mirada y se diferencian de las productoras independientes, que pertenecen al ámbito comercial y generalmente se dedican a proveer de contenidos a uno o dos grandes canales comerciales. Una PAC posee una organización interna y un vínculo con la comunidad a la que pertenece muy diferente a los medios comerciales. Muchas toman la forma de cooperativas o asociaciones civiles. Algunas nacieron de viejas experiencias iniciadas en los años ochenta y noventa de radios comunitarias, sector que ya ha cumplido la mayoría de edad y que comienza a extender sus brazos al mundo audiovisual. Otras surgieron como necesidad de una comunidad o de la misma organización por expresar su propia visión y su identidad.

No es que no existieran ya algunas productoras de contenidos comunitarias. Ejemplos de ellos son Wayruro, en Jujuy, o Manzana Negra, en Mendoza, que llevan años de experiencia en el sector. Sin embargo, con el impulso del Estado, a través de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y otros organismos creados en el marco de la ley (como la Defensoría del Público y el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual), comienzan a aparecer nuevos actores que por primera vez tienen la oportunidad de desarrollar una nueva comunicación en Argentina.

A diferencia del sector de las radios comunitarias que tiene décadas de trayectoria y que se desarrolló en toda América Latina en disputa con los Estados que las perseguían y con los marcos normativos que las empujaban a los márgenes, poniendo el eje en la comunicación con fines comerciales, la televisión, y más ampliamente, el audiovisual comunitario tiene un avance más incipiente. Esto se comprende en relación con múltiples causas tecnológicas y económicas, que no obstante, pueden superarse a través de la organización de los actores que pertenecen a ese sector. Con Estados presentes que han expresado de diversos modos voluntad política para propiciar y potenciar esa organización, es menester no demorar el trabajo mancomunado para desarrollar y fortalecer un actor colectivo capaz de representar los intereses del conjunto y convertirse en un interlocutor frente a esos Estados con el objetivo central de hacer cumplir la ley.


EL TRABAJO EN RED COMO LÓGICA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMUNITARIO

En este contexto, nace la Red de Productoras Audiovisuales Comunitarias (RedPAC) en 2013. En octubre de ese año, organizado por AFSCA, se realizó el primer Encuentro Nacional de Productoras Audiovisuales en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU). Al encuentro asistieron diversos colectivos, agrupaciones, cooperativas y conjuntos de productoras con distintas experiencias en el campo audiovisual. Algunas semanas después, el 7 de diciembre, y como resultado de un sólido consenso alcanzado en aquel encuentro, la RedPAC fue presentada públicamente en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

ComunicaciónLa RedPAC se propone disputar el espacio comunicacional y plantear otro paradigma audiovisual, mucho más inclusivo y arraigado en una profunda vocación democratizadora de la palabra. Con sede en la Ciudad de Buenos Aires pero en la búsqueda de extender sus brazos por todo el país, la red está formada en la actualidad por más de veinte organizaciones que se reconocen como productoras audiovisuales comunitarias y está organizada a través de distintas comisiones de trabajo y desarrollo, con reuniones periódicas y constantes. Muchas de las organizaciones, cooperativas y agrupaciones que la conforman han logrado acceder al Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) que promueve AFSCA para pueblos originarios y medios sin fines de lucro, y están en este momento equipándose y produciendo sus propios documentales, ficciones y spots. Es el resultado de un trabajo mancomunado entre las organizaciones y el Estado nacional que desarrolla políticas públicas en función de lograr una plena aplicación de la ley en todo el territorio argentino.

LA CIUDAD DEL ESTADO AUSENTE

A nivel nacional, la AFSCA y otros organismos competentes han puesto en marcha una gran cantidad de políticas públicas de fortalecimiento y fomento de la comunicación comunitaria en el país. Existen hoy políticas de acompañamiento para enmarcar a todos los actores bajo el marco normativo, de formación técnica, de viabilización de pantallas y de financiamiento para la compra de equipamiento, producción de contenidos y gestión de los medios comunitarios. Una de estas políticas a destacar es el FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) que ha desarrollado la AFSCA en cumplimiento del artículo 97, inciso f de la LSCA. Mediante este instrumento se han financiado hasta el momento más de 400 proyectos de comunicación comunitaria por casi 50 millones de pesos a lo largo y a lo ancho del país.

El desarrollo de este tipo de políticas a nivel nacional, orientadas a hacer efectivo el cumplimiento de la LSCA, contrasta profundamente con las políticas para el sector que lleva adelante el gobierno local en la Ciudad de Buenos Aires. No se considera desde ninguna política de Estado a la producción audiovisual comunitaria, mucho menos poniéndola en relación con los postulados de la LSCA.  Peor aún, el intento fallido de sancionar una “ley de medios porteña” mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por Macri -que luego fuera derogado en mayo de 2014 por contener un articulado que es contrario e impide la aplicación de la LSCA en la Ciudad de Buenos Aires- da cuenta sin lugar a dudas de que el gobierno porteño se encuentra en las antípodas del nuevo paradigma comunicacional que transita nuestro país.