Educación

El presupuesto educativo: corrimiento del Estado y avance del sector privado

10 mayo, 2015

La gestión de gobierno encabezada por Mauricio Macri ha ido debilitando paulatinamente la presencia del Estado en materia educativa. Bajo la apariencia de un Estado eficiente, el gobierno porteño ha desarrollado políticas que debilitan la educación pública, con decisiones que tienen consecuencias negativas en las trayectorias educativas de las y los estudiantes de la Ciudad.

Un indicador inobjetable puede encontrarse en el presupuesto educativo que elabora el Gobierno de la Ciudad. Por ejemplo, la participación del presupuesto de educación sobre el presupuesto total de la ciudad presenta una clara curva descendente; se observa además  la constante desinversión en infraestructura escolar (que acentuó el problema ya existente de falta de vacantes), y otro punto interesante es la transferencia de fondos a manos privadas para que tomen responsabilidades educativas en áreas donde el Estado debería hacerse cargo.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO

Durante los años de la actual gestión se evidencia una fuerte caída en la participación del presupuesto destinado a educación en el total de la Ciudad de Buenos Aires.

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En el artículo 24° de la Constitución local se establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine“.

A partir de la implementación del nuevo sistema de inscripción llamado on line llevado adelante por la actual gestión para el ciclo lectivo 2014 se visibilizó públicamente que la Ciudad de Buenos Aires atraviesa por un déficit estructural de establecimientos educativos y que sufre un serio déficit de vacantes, especialmente en el nivel inicial.

Tal información fue corroborada por funcionarios del mismo Ministerio de Educación de la Ciudad, en un informe presentado a la Legislatura Porteña.

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Estos datos arrojan un total de 4.354 pedidos de vacantes que no fueron asignadas a comienzos del 2014. Podemos observar que en el Nivel Inicial encontramos el principal foco de demandas no satisfechas y, si bien el número se reduce abruptamente al comenzar la escolaridad obligatoria, la Constitución de la Ciudad prescribe la garantía del derecho a la educación desde los 45 días. 

La gestión PRO ha reducido la inversión en infraestructura escolar durante los últimos años. Por un lado, entre los años 2008 y 2012 tal área mostró los niveles más bajos de ejecución de todo el presupuesto: por ejemplo, en 2010 la partida destinada a obras de refacción, ampliación y construcción de nuevos establecimientos educativos se ejecutó sólo en un 40%. Y si bien en los últimos años el nivel de ejecución fue elevándose, esto se debe a que los recursos destinados al área han sido sistemáticamente recortados. Es así que el presupuesto para 2015 es inferior en términos nominales al de 2008.

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Podemos ver entonces que frente al problema de la demanda insatisfecha de vacantes, no existe una respuesta que aborde estructuralmente la situación sino que, por el contrario, continúa la tendencia a reducir el presupuesto destinado a obras de infraestructura. En efecto, el comienzo del año lectivo 2015 encuentra nuevamente a miles de familias sin vacante para sus hijos, deambulando por los espacios burocráticos para obtener una respuesta. Si bien la dimensión del conflicto es menor a la de 2014, el nivel de incertidumbre sigue vigente y la migración a la educación privada siempre será una alternativa de resolución a esta situación.

PONER EN MANOS DE PRIVADOS LAS RESPONSABILIDADES ESTATALES

Por último parece relevante analizar las respuestas que el Gobierno de la Ciudad ha dado al déficit de vacantes en nivel inicial. Mientras que tanto la construcción de nuevos jardines de gestión estatal como la ampliación de los existentes son casi nulas, han proliferado en la Ciudad gran cantidad de Centros de Primera Infancia (CPIs). Estos son centros destinados a niños y niñas desde los 45 días hasta los 4 años en situación de vulnerabilidad.

Estos centros son financiados por el Estado de la Ciudad, pero no gestionados por él, sino por privados (en la mayoría de los casos, ONG’s o instituciones barriales que toman este rol). El gran déficit de vacantes en nivel inicial se deriva a estos centros, y así el Estado terceriza su responsabilidad de garantizar la educación en manos de privados. Más de 8.000 niños y niñas asisten a los CPIs (y, claro está, no asisten a jardines de infantes). Quienes están a cargo del cuidado en estos establecimientos no necesariamente son docentes y, por lo tanto, no poseen formación pedagógica. Este dato resulta relevante porque demuestra a las claras que estos espacios no pueden remplazar a las instituciones oficiales educativas ya que no son espacios destinados específicamente a la educación sino a la contención social, con lo cual no pueden suplir la función de un jardín de infantes desde ningún punto de vista.

ES POSIBLE OTRA EDUCACIÓN EN LA CIUDAD

Sin soluciones estructurales, sin mayor inversión en infraestructura escolar, en línea de continuidad con  lo observado desde el 2008 hasta el presente, la gestión PRO sigue manifestando que la educación no es su prioridad. El corrimiento paulatino del Estado en materia educativa obedece a una concepción sobre “lo público” y a una forma de gobernar que continúa avanzando sobre los derechos de todos los ciudadanos y, en particular, sobre aquellos sectores sociales más vulnerados.

Es absolutamente posible una educación pública, democrática y de calidad en la Ciudad. Los recursos para lograrlo están disponibles. Se trata simplemente de tomar la decisión política, de reconocer la centralidad de esta área, y de trabajar en consecuencia.