Derechos humanos, seguridad y convivencia

EMBARAZO Y MATERNIDAD FORZADA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

9 agosto, 2018

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA Y ACCESO A DERECHOS EN LA ARGENTINA Y EN LA CIUDAD

Dra. María Florencia Gentile[1]

Lic. Ana Szmulewicz

Lic. Tamara Haber

Los embarazos y partos llevados adelante por personas gestantes de menos de 18 años en la Argentina en general, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular, constituyen un fenómeno de niveles sostenidos en el tiempo que requiere de políticas públicas específicas, y que en la actualidad manifiesta desigualdades en el acceso a los derechos de niñas y adolescentes.

Según datos del boletín Salud Materno Infanto Juvenil en cifras UNICEF-SAP 2017[2], el 15% de los nacidos vivos por año en el país corresponde a madres menores de 20 años. En 2015 se produjeron 2.787 nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años, y 108.902 nacimientos de madres entre 15 y 19 años. A su vez, las cifras de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación muestran que desde el primer año de la década de los dos mil a la fecha, un promedio de 2967 niñas entre 10 y 14 años han experimentado embarazos que concluyen en partos, esto es, 8 niñas por día, 3 niñas por hora[3][4]. La dimensión del fenómeno se mantiene constante a lo largo de los años en la Argentina: en el 2010 se produjeron 3.117 partos de niñas de menos de 14 años; en 2011 3.156; en 2012, 3.020 partos; en 2013 3.261 y en el 2014 se produjeron 3.007 partos[5].

En la Ciudad de Buenos Aires en particular, se registra una tasa de 11,3 embarazos de niñas y adolescentes para el trienio 2015/2017. Sin embargo, la desigual distribución del fenómeno según las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deja entrever su relación con las condiciones sociales en que se produce y cuestiona el acceso efectivo a políticas públicas que garanticen y/o restituyan sus derechos. En algunas comunas de la Ciudad, y especialmente en las comunas del sur 1, 4 y 8 (aquellas que cuentan con mayores índices de pobreza, desocupación, hacinamiento, problemas habitacionales, falta de vacantes en escuelas públicas, menor cobertura de salud, entre otros indicadores de vulnerabilidad social de la población), la tasa de embarazo de niñas y adolescentes de hasta 19 años es extremadamente alta, en relación al resto de la ciudad. Comuna 1: tasa del 19,4/mil adolescentes entre 10 y 19 años, Comuna 4: tasa del 20,7/mil y Comuna 8: 21,7/mil. En las comunas del norte de la Ciudad, como la Comuna 2, la 13 y la 14, la tasa no pasa el 4,5/mil adolescentes entre 10 y 19 años[6].

Esta desigual distribución de tal condición vital pone en evidencia la incidencia de las condiciones sociales en las que niñas y adolescentes quedan y llevan adelante su embarazo, cuestionando la efectiva posibilidad de su libre elección producto del acceso a las políticas que proveen educación sexual e información adecuada, del acceso a métodos anticonceptivos, del efectivo consentimiento para sostener las relaciones sexuales que motivaron el embarazo (y que no fueran, por el contrario, consecuencia de violencia y abuso) y, finalmente, de una decisión certera de llevar adelante el embarazo (y no, por ejemplo, de la imposibilidad de acceso al aborto no punible por las causales ya consagradas en la legislación argentina).

En este sentido, resulta pertinente relacionar los datos sobre embarazo de personas gestantes de menos de 18 años con otro dato oficial alarmante de la Ciudad de Buenos Aires, proveniente del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en los que intervino: durante el 2014 se registraron 489 acciones y durante el 2015, 513 intervenciones de las Defensorías Zonales sobre casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes[7]. Con estos datos, se resalta la importancia de considerar como posibilidad que parte importante de los embarazos de adolescentes, y más aún de las niñas de menos de 13 años, sean producto de situaciones no consentidas y/o violencia sexual. Si bien en estos casos existe el derecho reconocido a recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo puesto que entrarían dentro de los causales de “aborto no punible” vigentes a la fecha, es importante reconocer que no siempre las denuncias, ni el acceso a la práctica, es posible en contextos de violencia.

Tal desigual acceso a las políticas públicas relacionadas con el fenómeno del embarazo en la niñez y adolescencia constituye en sí una vulneración de derechos que es necesario restituir. El diseño de políticas para intervenir en ello no puede soslayar a su vez las implicancias y consecuencias específicas de los embarazos producidos durante este período vital.

En relación con ello, las investigaciones han abundado en identificar los riesgos, implicancias y consecuencias específicas que atañen a la salud física y mental de las niñas y adolescentes, y también a las consecuencias familiares y sociales que estas situaciones conllevan[8]. Sólo para repasarlos brevemente: entre los riesgos que atañen a la salud física se mencionan la indebida absorción de nutrientes, el escaso desarrollo del piso pélvico, ruptura de membrana y partos prematuros; y que el riesgo de muerte materna para las madres menores de 15 años en países de bajos y medianos ingresos es el doble que el de las mujeres de más edad, y se enfrenta a mayores tasas de fístula obstétrica que sus compañeras de más edad. Respecto de la salud mental se mencionan riesgos de depresión, ansiedad y, en particular las niñas y adolescentes que fueron atacadas sexualmente (como vimos ocurre en alta proporción en este grupo etario), de estrés post-traumático. Entre los efectos sociales y económicos, el hecho de que muchas niñas que quedan embarazadas tienen que abandonar la escuela y vivir en la pobreza[9]. A su vez, en relación a que a menor edad mayor sea la probabilidad de que los embarazos sean producto de violencia sexual, se reconoce que “en los casos de abuso y violación sexual los estudios revelan que padres, otros familiares y conocidos cercanos de la familia suelen ser los victimarios. Cuando son familiares directos, dicha situación supone conflictividades intra-familiares en donde las niñas suelen ser culpadas. Otra consecuencia ampliamente documentada es que en la mayoría de casos se reporta un aislamiento de los vínculos construidos por las menores”[10].

Si la desigualdad en el acceso a políticas públicas frente a un embarazo de niñas y adolescentes constituye una forma de vulneración de sus derechos, las situaciones de “embarazos y maternidades forzadas” de niñas y adolescentes sin dudas constituye una drástica violación a sus derechos sobre la que urge intervenir a través de políticas adecuadas que hagan posible restituirlos.

Según CLADEM, se consideran “embarazo forzado” a aquellos en los que una niña “queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora y obstaculiza la interrupción del embarazo”[11]. Consideramos que en el caso específico de niñas y adolescentes, esta definición supone tres cuestiones fundamentales a tener en cuenta en lo que refiere a la protección y garantía de sus derechos.

Por un lado, que se refiere no sólo a los embarazos productos de una violación, en cuyo caso la interrupción voluntaria del embarazo es legal en la Argentina; sino que engloba todas aquellas situaciones en las que “una niña o adolescente es obligada a continuar el embarazo debido a legislaciones restrictivas; presiones familiares, sociales o estatales; o por otros obstáculos como la falta de educación sexual o el acceso a métodos de prevención y se convierten en madres a una edad en que deberían estar jugando”[12]. En este sentido, “el deseo de la niña o adolescente de interrumpir el embarazo es el indicador más claro de que no desea ser madre”[13]; y su imposibilidad de acceder a esta práctica de manera legal y segura no hace más que vulnerar sus derechos, llegando a ser considerado una forma de tortura[14]. Al respecto, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Ministerio de Salud de la Nación, en 2013, de cada 10 mujeres internadas en el país por causas relacionadas al aborto, 2 tenían menos de 19 años[15]. Desde la REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro), desde el año 2015 hasta la actualidad, se realiza un relevamiento en diversas instituciones del país sobre los abortos legales realizados en dichas instituciones. De acuerdo a tal registro, la proporción del 20% de menores de 19 años se mantiene para el acceso al aborto no punible[16].

Por otro lado, es necesario atender particularmente las respuestas institucionales frente a aquellas situaciones en las que las niñas o adolescentes carecen del acompañamiento de sus progenitores o directamente estos se oponen a la realización de un aborto, contrariando su voluntad.

Finalmente, cabe retomar el señalamiento de Muñoz[17] sobre la importancia de visibilizar ambas cuestiones distintivas y sus problemáticas específicas: por un lado, un embarazo en la niñez y adolescencia, con las consecuencias que conllevan para su salud en sentido integral; pero por el otro, el hecho de la maternidad forzada, que supone un punto de inflexión en sus cursos de vida, al implicar la asunción de un rol social (ser madre) asociado en nuestra sociedad con la condición de adultez[18]y constituye así un costo adicional para estas niñas y adolescentes. “Con ‘la prohibición del aborto y con la consiguiente constricción penal a convertirse en madres, se impone a las mujeres no tanto y no sólo el no abortar (…) no sólo la gestación y el parto, sino la renuncia a proyectos de vida diversos, la obligación de educar y mantener a un hijo (…) La punición del aborto es el único caso en que se penaliza la omisión no ya de un simple acto (…) sino de una opción de vida: la que consiste en no querer convertirse en madre”[19].

De esta manera, la imposibilidad de acceder a condiciones seguras y legales para una interrupción voluntaria del embarazo genera entre las niñas y adolescentes tres tipos de violación a sus derechos: a su integridad por cuanto muchas de esas relaciones, en el caso de niñas y adolescentes,  no fueron consentidas; segundo, a su libertad por cuanto se la obliga a llevar a término un embarazo no buscado ni deseado, y tercero, la obligatoriedad de convertirse en madre contra la propia voluntad[20].

En definitiva, tanto frente al desigual acceso a las políticas públicas relacionadas con el embarazo en la niñez y adolescencia, como frente a la prohibición actual de optar por la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y legal, es el Estado quien viola los derechos de niñas y adolescentes, justamente a quienes se comprometió a garantizárselos, incluso de manera privilegiada, a través de las leyes de protección integral de sus derechos -como la nacional 26.061y la 114 de la Ciudad- y la incorporación constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño. “Resulta francamente paradójico que- por un lado- (el Estado) reconozca el estatus jurídico privilegiado de las niñas y adolescentes (…) y –por el otro- no contemple ese estatus a la hora de forzarlas, nada más ni nada menos, que a la maternidad”[21].

 

REFERENCIAS

[1] Plenarista del Consejo de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

[2] Informe disponible en https://www.unicef.org/argentina/informes/salud-infanto-juvenil-en-cifras

[3] Estadísticas Vitales – Dirección de Estadística e información en Salud – Ministerio de Salud de la Nación.

[4]Datos mencionados en Minyersky, N. y Páramo, M. (2018) “Capacidad civil y competencia médica de niños, niñas y adolescentes en la república argentina”, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Nro. 85, Buenos Aires, pp. 189 y ss.

[5]Procesamiento en base a Estadísticas Vitales – Dirección de Estadística e información en Salud – Ministerio de Salud de la Nación, publicados en Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – en adelante CLADEM, 2016, “Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe.” Balance regional. Disponible en https://www.cladem.org/images/imgs-noticias/nin%CC%83as-madres-balance-regional.pdf, p. 33.

[6] Dirección General de Estadísticas y Censos – GCABA.

[7] Respuesta del CDNNyA a Pedido de informe legislativo. Referencia: EE W 18.102.008/MGEyA-DGALE/2016 s/ Resolución Legislatura de la Ciudad Nº 210/2016

[8]Por mencionar sólo algunas referencias: CLADEM, 2016; MIN SALUD, 2017; UNFPA, 2013,  Minyersky, Páramo, 2018; Muñoz, 2018.

[9]CLADEM, 2016; MIN SALUD, 2017; UNFPA, 2013

[10]Minyersky, Páramo (2018).

[11] CLADEM, óp. cit, p. 7.

[12]Idem, p. 6

[13]Idem, p.8.

[14] “Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (Cladem, op. Cit., p. 7).

[15] Ministerio de Salud de la Nación (2015). Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Egresos de establecimientos oficiales por diagnóstico – 2013. Serie 11 No. 14.Citado enELA, CEDES y REDAAS, 2018, “Las Cifras Del Aborto En La Argentina”.Disponible en http://larevuelta.com.ar/wp-content/uploads/2018/03/El-aborto-en-cifras-CEDES-ELA-REDAAS-1.pdf

[16] Ídem.

[17] Muñoz, Damián (2018) “La incidencia de los derechos de las niñas y las adolescentes en la legalización del aborto. Hacia una redefinición del embarazo forzado en materia de infancia y adolescencia” en Ramón Michel, Agustina  y Bergallo, Paola (comp.), La Reproducción en cuestión. Investigaciones y argumentos jurídicos sobre aborto, Buenos Aires, Eudeba.

[18]Al respecto ver Gentile, María Florencia, 2017, Biografías callejeras. Cursos de vida de jóvenes en condiciones de desigualdad, Buenos Aires, Grupo Editor Universitario.

[19]Ferrajoli, 2008; citado en Muñoz, op. cit.

[20]Cladem 2016, retomado en Minyersky, Páramo, op cit.

[21]Muñoz, op, cit.