Derechos humanos, seguridad y convivencia

ENTREVISTA: CLAUDIA CESARONI

31 mayo, 2018

Charlamos con Claudia Cesaroni, abogada penalista, titular del CEPOC y autora de Masacre en el Pabellón 7° entre otros libros, sobre el proyecto del PRO para mudar la Carcel de Devoto y sobre la violencia institucional y el sistema penitenciario de la Ciudad.

  • Este año, el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional, han avanzado en la firma de un Convenio con el fin de transferir el Complejo Penitenciario de Devoto a la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

La cárcel de Devoto fue señalizada oficialmente en octubre de 2012 como un Sitio de Memoria, a petición de quienes somos querellantes en la causa por la masacre del Pabellón Séptimo. Sus sobrevivientes, familiares y los organismos de derechos humanos hicimos un trabajo de difusión y reclamo al Estado Nacional, quien accedió a hacer ese señalamiento que está vigente (cualquiera que vaya a la cárcel puede ver la placa en la puerta que dice que allí se cometieron delitos de lesa humanidad y que por lo tanto es un Sitio de Memoria y está protegido por esta Ley).

De esta manera, el convenio firmado viola una Ley, la N° 26.691, de preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado. Establece claramente que son Sitios de Memoria los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el Terrorismo de Estado. El Gobierno debería cumplir esta Ley, en lugar de violarla como lo está haciendo con este convenio que ni siquiera hace mención a que la Cárcel de Devoto es un Sitio de Memoria. Directamente se plantea demoler el edificio, el Gobierno de la Ciudad se compromete a construir uno similar en algún lado, que no se define cual es, (supuestamente en Marcos Paz, fuera del territorio de la Ciudad) y a venderlo al mejor postor, osea, hacer un negocio inmobiliario. Así que por supuesto que a nombre personal, del CEPOC (Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos) y como querellante en esta causa, me opongo y nos oponemos colectivamente a esa decisión.

  • A raíz de la firma de este Convenio y del traspaso de Competencias Jurisdiccionales al ámbito de la Ciudad, ¿crees que la Ciudad debería tener un propio sistema penitenciario? ¿cuáles deberían ser sus características?

Más allá de que los delitos transferidos hasta el momento no son los delitos más graves, por tanto podrían abordarse sin necesidad de privación de libertad, es muy probable que la Ciudad tenga su propio Sistema Penitenciario. En ese caso lo único que me parece importante es que sean pequeñas unidades.

Es decir, en línea contraria con las políticas que se aplican hace varios años en nuestro país, que es crear megacárceles en territorios alejados de los centros urbanos, nuestra posición es que las cárceles son instituciones como cualquier otra y que tienen que estar dentro de la Ciudad como están los hospitales, las escuelas y todas las instituciones públicas. Para eso, tienen que ser pequeñas, manejables, poder brindar todo tipo de servicios para que las personas condenadas, cumplan su condena en las mejores condiciones posibles accediendo a servicios educativos, laborales y sanitarios, otorgados por las instituciones públicas que estén más cerca en esa zona. Por ejemplo, el hospital que esté más cerca de esa pequeña unidad penitenciaria.

Todo lo demás es lo que suelen decir las leyes, es decir, el cumplimiento de todos los derechos humanos. Pero después en la práctica ya sabemos que eso queda muchas veces en retórica. Lo material es muy importante, porque una cosa es una unidad de 500, 1000, 1200 personas y otra es una pequeña unidad de 50 o 100 personas, que puedan recibir todos los servicios públicos. Así deberían ser todos los servicios penitenciarios.

  • En el año 2016, tras varias denuncias, una Comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles realizó un monitoreo sorpresivo al Complejo Penitenciario de Devoto donde encontraron una serie de graves deficiencias ¿qué acciones debería haber tomado el Gobierno?

Insisto con esto porque me parece muy importante, están encerradas personas que no deberían estar encerradas. Esa es una responsabilidad de los tres poderes, porque el Poder Legislativo sanciona leyes que hacen que más personas estén privadas de su libertad; el Poder Judicial consciente privaciones de libertad que no deberían existir y en muchos casos directamente las ordena; y el Poder Ejecutivo impulsa esos mismos proyectos de restricciones de las excarcelaciones u ordena a sus fuerzas de seguridad que detengan de modo desproporcionado personas. En esa triada de decisiones políticas, tenemos cárceles creadas para una determinada cantidad de personas en donde hay el doble o el triple, tanto en Devoto como en Almafuerte (una cárcel para 700 personas donde 1.580).

Entonces hay que abordar las deficiencias edilicias, la falta de oferta laboral. Por ejemplo, estoy defendiendo el caso de una persona que está privada de su libertad desde diciembre y no ha conseguido todavía un trabajo que pide desesperadamente para mantener a su familia. La respuesta a la pregunta es compleja, porque abarca muchas decisiones que están encadenadas entre sí.

  • A fines del año 2016 se sancionó en la Legislatura la Ley del Comité contra la Tortura, hasta el día de hoy continúa sin reglamentarse. ¿Por qué creés que este dispositivo es importante? ¿Cuál es la situación de los lugares de encierro en la Ciudad?

La creación del mecanismo local de prevención de la tortura es una deuda que tiene la Ciudad. Hace muchos años que venimos trabajando con muchas organizaciones a nivel nacional y a nivel local para que este mecanismo se implemente. Es difícil hablar de la situación de los lugares de encierro, porque no son sólo las cárceles o las comisarías, sino los lugares donde hay alojadas personas con problemas psiquiátricos, los lugares donde se atienden tratamientos a consumos problemáticos, los hogares para niños, niñas y adolescentes o los institutos de menores.

Yo no puedo dar cuenta de todos, pero lo que sin dudas es imprescindible es que se reglamente la Ley, que se realicen los concursos necesarios para que se integre ese Comité local y que empiece a trabajar, que empiece a recorrer. No solamente para hacer diagnósticos, sino para proponer modificaciones legales o reglamentarias, para escuchar la voz de las personas privadas de la libertad que es el objetivo principal que tiene este tipo de organismo. No hablar nosotros, los que estamos afuera, sino escuchar la voz de los que están padeciendo la privación de libertad.

  • Si entendemos que la violencia institucional es un problema que afecta principalmente a sujetos/as en situación de vulnerabilidad, ¿cuál es el involucramiento que tiene el conjunto de la sociedad con esta problemática, más allá de su afectación directa? ¿por qué crees que el involucramiento es así (en caso que los sectores que no son afectados directamente no lo sientan como una gran preocupación)? ¿Cómo creés que se debe trabajar la sensibilización hacia estas cuestiones?

Prefiero nombrarlo violencia estatal más que violencia institucional, refiriéndome específicamente a las instituciones que integran el sistema penal y a las fuerzas de seguridad cuando hablo de violencia del Estado. Efectivamente es una temática que parece no importarle a una parte mayúscula de nuestra sociedad, en cuanto siente que no le afecta directamente y que le afecta a los otros, a los que cometen delitos. Hay una concepción que trae al presente el “por algo será”, “algo habrán hecho” para estar presos y sufrir condiciones inhumanas de detención o para que la policía les pegue un balazo por la espalda o no hubieran ido a robar y no los hubieran matado.

Yo creo que aquí la batalla es cultural como en tantas otras cuestiones. Creo que hay hacer un esfuerzo en explicar que este no es un tema ajeno, que no es de lo otros. Si no se sufre de la empatía por el dolor humano o como una cuestión ética, al menos debiera entenderse que le puede tocar a cualquiera. Cualquier persona puede ser afectada por una cuestión de violencia institucional o estatal, cualquiera puede ser afectada por la descarga punitiva del Estado porque pasaba por ahí o porque cometió un delito impensado y terminó preso o porque decidió reclamar un derecho y lo detuvieron de modo ilegal.

Así que me parece que todos los medios que usamos y los que podemos usar para la difusión, el esclarecimiento y el debate, son imprescindibles para trabajar estos temas y para lograr que dejen de interesarnos sólo a algunos o a una minoría. Que se hagan carne en una parte más importante de nuestro pueblo, porque esa mirada como si fuera un tema ajeno ya nos pasó en otra época.