Desarrollo

INFORME EXCLUSIVO: CIUDADANÍA PORTEÑA ¿CON TODO DERECHO?

24 mayo, 2018

Ciudadanía Porteña constituye el programa social de mayor universalidad con el que cuenta la Ciudad de Buenos Aires. Fue creado en el 2005 con el objetivo de “sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios así como a promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos.”[1]

Esta ley significó un avance cualitativo en materia de política social en el contexto en el que fue sancionada, en el cual se registraban niveles significativos de pobreza; y a su vez representó una clara evolución en relación a su  predecesor, el Vale Ciudad. En efecto, Ciudadanía Porteña sustituyó a las cajas de alimentos de Vale Ciudad por una política que apuntó a la autonomía doméstica de los hogares mediante la tarjeta de compra, e instituyó una concepción de universalidad de los programas sociales.  El programa consiste en una prestación monetaria mensual no retributiva, a través de una tarjeta de compras, destinada a los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, quienes deben cumplir a cambio con una serie de corresponsabilidades en materia de salud y educación. A su vez, el paso a la bancarización del beneficio eliminó los intermediarios en el proceso de recibimiento, evitando así su utilización clientelista.

Sin embargo, la implementación por parte de la actual gestión del GCABA muestra un significativo achicamiento en el alcance del mismo. El análisis de este programa constituye una ilustración del tratamiento de las políticas sociales en las gestiones PRO-Cambiemos.

En efecto, se observa, una disminución durante los últimos años de la participación de la Dirección General de Ciudadanía Porteña que pasó de representar un 40,08% del presupuesto del Ministerio en cuestión en el año 2009 (en el que se registra la mayor participación), a un 19% para el 2018.

En simultáneo, este achicamiento afecta el alcance real del programa, tanto en la cantidad de participantes como en el monto de la prestación. Respecto de la cantidad de personas que son parte del programa, eran 274.791 en 2009 y son 142.266 en la actualidad. Esto no responde a una disminución de la población destinataria (cantidad de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza, que se mantiene relativamente estable durante los últimos años), sino a un recorte en el alcance del programa sobre esta población: mientras que en el año 2009 el programa cubría al 30,85% de la población bajo la línea de pobreza, al final del año 2017 la proporción se había reducido al 16,76%.

Ciudadanía Porteña convive con otro programa nacional de transferencia condicionada de ingresos, la “Asignación Universal por Hijo para Protección Social[2]  cuya finalidad es reducir la pobreza de niñxs y adolescentes, y atender la desigualdad incluyendo a lxs hijxs de trabajadorxs no registradxs y de aquellxs de trabajadorxs informales o de personas desocupadas dentro del régimen de asignaciones familiares. Sin embargo Ciudadanía Porteña y la AUH  se corresponden con concepciones diferentes en torno del diseño de las políticas sociales.

La AUH se implementa con el fin de integrar al sistema de asignaciones familiares a aquellxs niñxs cuyos padres y madres se encuentran en situación de precariedad laboral, y que por eso no cobran el salario familiar que se le otorga a todxs lxs trabajadorxs registradxs. La AUH formó parte de un entramado de programas orientados a la inserción laboral y la inclusión educativa, y abrió la discusión sobre cómo se articulan de manera integral los distintos programas destinados a la inclusión social.

Por el contrario, Ciudadanía Porteña es un programa que sigue sosteniendo una mirada focalizada y asistencialista, en la que los sujetos se configuran como simples destinatarios de la ayuda del Estado. Con la tarjeta Ciudadanía Porteña se pueden comprar sólo algunos artículos permitidos, sosteniendo visión restrictiva de lo que son las necesidades básicas, y anulando de este modo la posibilidad de autonomía de los hogares.

Comparando la evolución de las asignaciones del programa Ciudadanía Porteña y de la Asignación Universal por Hijo en función del índice inflacionario elaborado por el Centro CIFRA-CTA (IPC 9 Provincias), se observa que mientras que la AUH se mantuvo entre diciembre de 2009 y 2017 (aunque con un descenso marcado en 2016), Ciudadanía Porteña cayó un 47,75%. En consecuencia, se observa que el programa del Gobierno de la Ciudad no sólo ha perdido alcance en relación a su población objetivo, sino que también ha visto deteriorada su capacidad adquisitiva.

Asimismo, además de existir algunas contradicciones, ambigüedades y limitaciones para activar efectivamente los derechos que el programa Ciudadanía Porteña busca promover, el mismo mantiene una visión desactualizada sobre las políticas sociales. Configurada a partir de una concepción de marcado carácter tutelar -la reglamentación de la Ley 1.878 da cuenta de esto-, se refuerza una idea de la población objetivo retrógrada, asignándole un rol pasivo y de simple beneficiaria del “servicio” del Estado, y no como titular de derechos (como sí ocurre en la AUH, que se funda en la necesidad de incluir en la seguridad social a aquellas familias que se encontraban desprotegidas desde una concepción de derechos).

Su implementación muestra deficiencias para cumplir con el objetivo de garantizar el acceso a la alimentación de la población. Aunque se define la población objetivo a través de criterios en relación a los ingresos de los hogares, no resultan claros los parámetros con que estos son evaluados. Los montos que percibe cada hogar son elaborados con índices no conocidos, por lo que las familias no tienen acceso al cálculo del que resulta la prestación. No hay claridad sobre los parámetros utilizados, no sólo para calcular el monto, sino para estimar la cantidad de hogares y personas que se encontrarían dentro de los posibles participantes.

En definitiva, tanto por su achicamiento presupuestario, así  como por la reducción en la cantidad de participantes, el deterioro de su poder adquisitivo y la reglamentación profundamente restrictiva, el programa Ciudadanía Porteña refleja el modo en que el macrismo concibe e implementa sus políticas sociales.

[1] Ley 1.878. Artículo 2°.

[2] Decreto N° 1602 de fecha 29 de octubre de 2009.