Derechos humanos, seguridad y convivencia

INFORME SOBRE LA POLICÍA DE LA CIUDAD

17 mayo, 2018

De cara a la campaña del año pasado, el Jefe de Gobierno sostuvo que “la principal preocupación es la seguridad” en la Ciudad de Buenos Aires. Esta afirmación tiene sustento en la última encuesta de victimización elaborada por el INDEC, de la cual se desprende que el 90% de la población considera a la inseguridad como un problema “bastante o muy grave”.

Podríamos asegurar entonces que la Ciudad de Buenos Aires ha tomado a la seguridad como un eje central de su agenda de gobierno pero también nos permitimos preguntarnos si acaso ha logrado avances significativos en la materia o simplemente se ha limitado a hacer de su política de seguridad una herramienta de marketing político.

El triunfo electoral del año 2015 le permitió a la coalición de gobierno retomar un debate que había sido postergado: la transferencia de la policía federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien en 1994 la Ciudad consiguió su autonomía, la Reforma Constitucional dejó un amplio margen de discreción al Gobierno Nacional para que determinase lo que estaba dispuesto a cederle. Ante esta situación, se da una de las principales limitaciones a la autonomía porteña que es la sanción de la Ley Cafiero. Esta ley establecía que la seguridad pública seguiría bajo la órbita del Gobierno Nacional por lo que la Policía Federal estaría a cargo de las cuestiones de seguridad en la jurisdicción porteña.

Este debate volvió a adquirir relevancia pública en el año 2008 con la sanción de la Ley de Seguridad Pública (Ley N° 2.894). La modificación a la Ley Cafiero le concedió a la Ciudad la oportunidad de crear su propia policía pero no le permitió hacerse de los recursos del Gobierno Nacional para administrarla.

La posibilidad de gestionar tanto el distrito nacional como el local le permitió a Cambiemos retomar la discusión pendiente sobre la transferencia de recursos para la policía porteña. De esta manera, a principios del año 2016, se inició el proceso de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad que culminó con la sanción de la Ley N° 5.688 que crea el Sistema Integral de Seguridad Pública y a la Policía de la Ciudad.

A casi un año y medio de la creación de la nueva policía porteña podemos observar no sólo la consolidación de un claro perfil represivo de esta fuerza sino una falta de implementación e incumplimiento a lo consagrado en la ley.

El sinuoso camino hacia la unificación.

Uno de los avances que se lograron en materia de unificación de ambas fuerzas fue el reescalafonamiento. De esta manera, los agentes de la Policía Federal traspasados abandonaron el modelo de escalafón doble y adoptaron el de escalafón único que ya poseía la Metropolitana. Si bien esto significa un avance respecto al modelo de organización policial, no es el único elemento a tener en cuenta a la hora de fusionar ambas fuerzas.

En este sentido, nos encontramos ante dos fuerzas de seguridad con trayectorias muy disimiles: una policía de carácter nacional que desde la instauración de la democracia no ha sufrido ningún tipo de reforma pero que ha incorporados principios democráticos en su accionar y una policía local que nació al calor de un texto normativo ampliamente debatido, pero que nunca realizó tareas de patrullaje y se limitó a actuar como el brazo ejecutor de las medidas represivas del gobierno de la Ciudad.

Estas dos fuerzas policiales poseen criterios sustantivamente distintos a la hora de intervenir en conflictos en el espacio público. Un claro ejemplo es la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de manifestaciones públicas. Mientras la Policía Federal había adoptado los lineamientos establecidos en la Resolución N° 210/2011 que significaban un claro avance en la protección del derecho a la protesta, la Policía Metropolitana protagonizaba intervenciones como la del Parque Indoamericano, el Hospital Borda, el Parque Centenario y la Sala Alberdi.

Actualmente, la Policía de la Ciudad interviene en estos casos de acuerdo a dos disposiciones: la Resolución 25/FG/16 del Ministerio Público Fiscal y la “Acordada sobre Criterios Mínimos de Actuaciones de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” del Ministerio de Seguridad de la Nación. Esta resolución no sólo establece como criterio general la libertad de circulación en la vía pública, sino que implica un gran retroceso respecto a la actuación de los efectivos policiales en estos contextos.

La Policía de la Ciudad optó por replicar la intervención violenta en los conflictos en el espacio público que tuvo su antecesora, privilegiando la represión por sobre la gestión no violenta de los conflictos. La razzia del 8M y las represiones desplegadas hacia los docentes que intentaban instalar una escuela itinerante frente al Congreso Nacional, a una protesta de organizaciones sociales en la Av. 9 de Julio mientras sus delegados estaban reunidos con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tras la desconcentración de la Marcha en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado del 1/09 son algunos ejemplos de cómo la Policía de la Ciudad ha sido la cara visible de una política represiva ordenada desde el poder político.

El Gobierno de la Ciudad ha tomado al reescalafonamiento como el único punto nodal de cara a la unificación de estas dos fuerzas. Esta situación no hace más que otorgarle mayores márgenes de actuación a la nueva policía y sirve como incentivo para ampliar la autonomía de la policía porteña.

El recrudecimiento de la violencia institucional y la falta de controles externos.

La multiplicidad de casos de violencia institucional protagonizados por efectivos pertenecientes a la policía porteña ha aumentado conforme también lo ha hecho la política criminalizadora desplegada por el Gobierno de la Ciudad hacia ciertos sectores de la sociedad.

El creciente recrudecimiento de las prácticas represivas direccionadas hacia los jóvenes, migrantes, vendedores ambulantes, mujeres, lesbianas y a la comunidad travesti y transexual, fueron acompañadas por una clara falta de control externo sobre el accionar de la policía local.

La Ley N° 5.688 retomó los principios fundamentales acordados en 2008 con la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad, como el de control externo. Esta tarea está a cargo de la Oficina de Transparencia y Control Externo que ha funcionado como continuadora de la Auditoría Externa de la Policía Metropolitana. Si bien esta oficina se encuentra en funcionamiento nunca se logró avanzar en la reglamentación de la vía mediante la cual la misma somete a la ciudadanía el expediente íntegro de 10 investigaciones relevantes sobre faltas cometidas por el personal policial. Esta instancia no sólo permitía un control exhaustivo por parte de la sociedad sino que ponía el acento en combatir el perfil represivo que había adquirido la fuerza en sus últimas intervenciones.

Este tipo de accionar encuentra su mayor correlato en los resultados que arrojan las encuestas: en la Ciudad de Buenos Aires hay una clara preferencia por el paradigma punitivista para mejorar la seguridad. Más cantidad de policías, intervenciones más violentas, despliegues de operativos policiales más grandes sustituyeron al control externo como una medida de control y prevención.

Participación ciudadana: campaña de marketing versus las reales problemáticas de la seguridad pública

En el último tiempo, el Gobierno de la Ciudad destino una gran cantidad de recursos a la difusión y promoción del Programa “Comisarías Cercanas” y a la reuniones del Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, con vecinos y vecinas en distintos barrios porteños.

Sin dudas, estas instancias permiten poner de manifiesto “la vocación” del gobierno local para atender las problemáticas de seguridad pública pero lejos están de constituirse como una instancia real de monitoreo y participación que permita involucrar a los/as vecinos/as.

Los Foros de Seguridad Pública fueron concebidos como un mecanismo destinado a efectivizar la participación ciudadana en asuntos de seguridad pública en la Ciudad. Este mecanismo permitía acercar y hacer partícipes a los actores barriales en la formulación de políticas públicas por fuera del ámbito policial.

Estos espacios nunca fueron una prioridad del gobierno local que, priorizo la creación de nuevas instancias donde canalizar “la participación ciudadana” que tuvieran mayor impacto en las encuestas de opinión que en instancias que inciden en la formulación del Plan de Seguridad Pública.