Gobierno y Participación

Un paliativo con debate pobre

10 mayo, 2018

En el marco de las discusiones dadas en el Congreso nacional, donde ayer se aprobó en Diputados una Ley para retrotraer el aumento tarifario de los servicios públicos a los valores de diciembre del último año, la Legislatura Porteña sancionó en el día de hoy la exención de ingresos brutos en las facturas de los servicios públicos sólo por este año.

Este fue el único tema que suscitó el debate, en una sesión repleta de proyectos de declaraciones. Si bien hasta ahora se hablaba de una Legislatura que sesionaba a pedido del Jefe de Gobierno porteño, esta vez el tratamiento del proyecto de reducción fiscal surgió  del Poder Ejecutivo Nacional tras el pedido que el presidente Macri realizó hace algunos días en Vaca Muerta a las provincias y los municipios del país. Según las palabras del propio mandatario, tiene como fin “aliviar las cargas sobre los comercios, sobre las pymes y sobre los consumidores”.

Según los informes realizados por el conjunto de los bloques de la oposición (ya que nadie del oficialismo pudo precisar cifras exactas), el impacto que esta medida tendría sobre la tarifas no superaría en promedio los dieciocho pesos. Mientras los aumentos en los servicios públicos fueron -desde que asumió Macri- alrededor de un 1037% en la luz, un 371% en el agua, un 361% en el gas, la reducción de ingresos brutos significa un 4% de los precios de estos servicios.

Los diputados de la oposición expresaron que ante el deterioro en los ingresos de los porteños por las políticas macroeconómicas impartidas desde el Gobierno Nacional y replicadas por el Gobierno de la Ciudad, no quedaba otra alternativa que aceptar “la limosna” que implica la adhesión al pedido del Presidente. Sin embargo, no dejaron de expresar su preocupación respecto a un punto incluído en el despacho que llegó de la Comisión de Presupuesto, que daba cuenta que el costo fiscal de esta medida rondaría los 1.500 millones de pesos y se realizaría a costa de “posponer alguna obra”.

Tanto la falta de información, respecto a qué obras se refieren, como la irrisoria “compensación” que resulta para las/los usuarias/os la baja de ingresos brutos, fueron los puntos más discutidos por los/las diputados/as de la oposición, que acusaron de marketinera la medida. El debate expresó una vez más la lógica de mordaza que impone el oficialismo sobre el parlamento porteño, ya que la discusión se circunscribe a los pocos minutos que tiene cada bloque para expresarse por reglamento y ante los pedidos de interrupción de la palabra (prerrogativa para favorecer la deliberación y el intercambio) se vió como las/los legisladoras/es de la oposición dan lugar a los del oficialismo y no sucede lo mismo cuando el pedido lo realiza alguna de las minorías.

No obstante las críticas mencionadas, el proyecto fue sancionado holgadamente como resultado de la mayoría automática de Vamos Juntos pero también del acompañamiento de parte de la oposición que votó el proyecto como un paliativo ante la incapacidad de hacer prosperar otras iniciativas y a la espera del avance del proyecto de la oposición nacional.