Derechos humanos, seguridad y convivencia

Entrevista a Gabriel Fuks: “No se puede reemplazar con marketing lo que dicen las normas”

10 mayo, 2018

Conversamos con Gabriel Fuks (Defensor Adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires)  sobre la política de seguridad de la Ciudad.

– A casi un año y medio de la creación de la nueva Policía de la Ciudad ¿qué balance haces sobre el proceso de consolidación de ambas fuerzas?

GF: El proceso aún no está terminado, hay muchos indicadores que los problemas de la transición todavía se mantienen. Un indicador de esto, pese a que en el último tiempo hubo alguna mejora, es la situación del uso de la fuerza que es uno de los temas que más se ha puesto en discusión, específicamente desde el 8 de marzo del 2017 hasta aquí.

Hay una etapa de mucha complejidad, que va desde su sanción hasta el 18 de diciembre de 2017, donde la lógica del uso de la fuerza por parte de la nueva policía es homologable al uso de la fuerza que establece el Gobierno Nacional y la Policía Federal. En esta etapa, se vislumbra un fuerte incumplimiento a la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad (Ley N° 5.688), puntualmente a los artículos referentes al uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones públicas. A partir del 18 de diciembre del 2017, comienza a haber un cierto avance respecto a los operativos policiales desplegados en este tipo de situaciones, que todavía es muy difícil de medir.  En las últimas cuatro movilizaciones hubo un nivel de coordinación y de cumplimiento de las directrices, mucho mayor.

– ¿Qué aspectos consideras que el Gobierno de la Ciudad no ha logrado resolver de cara a la unificación de ambas fuerzas?

Hay temas que aborda la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad que no están ni cerca de ser tratados, como por ejemplo la figura del Defensor Policial. Cuando discutimos el traspaso en la Legislatura, por iniciativa de algunos diputados, se abrió el debate de la sindicalización de la fuerza. Transaccionalmente surgió esta figura como un camino intermedio, en este debate que yo creo que hay que volver a abrir.

La figura del Defensor Policial que requería ser una figura externa, que se elegía por concurso de oposición y antecedentes, no se ha cumplido. En el medio, vimos varias cosas: trescientos policías movilizándose a la Legislatura y nadie que esté en condiciones de tomar ese reclamo, que podía ser canalizado por un mecanismo de este tipo. Vimos también que el único policía que está procesado por los hechos sucedidos el 18 de diciembre -más allá de lo deleznable de su actuación- declaró que hacía 24 horas que estaba alistado y que no podía ni ir al baño, ahí hay una figura del Defensor Policial que debería operar, porque más allá de ciertas lógicas fascistas en algunos de los actores, también hay condiciones a las que los policías están sometidos que no deberían suceder.

Tampoco se ha cumplido con la Oficina de Transparencia ni con los protocolos sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Este proceso de transición inconcluso, podemos verlo también en lo que pasó con la conducción: en la primera etapa la conducción tuvo que ser procesada e inmediatamente descabezada, me refiero a Potocar y en la segunda, nuevamente, no fue un actor civil. Si bien no fue un nombramiento ilegal, el espíritu de la ley preveía que fuera un civil.

Otra de las cosas que están incumpliendo son los Foros de Seguridad Pública (FOSEP). Si bien están armando reuniones en el marco de “Comisarías Abiertas”, no es lo que la Ley establece. No se puede reemplazar con marketing lo que dicen las normas. La construcción legislativa tiene debates, consensos, acuerdos y por eso votamos tantos legisladores esa Ley. Los Foros fueron concebidos como una instancia para discutir todas las cuestiones y no sólo un refuerzo del rol de la policía en los términos de seguridad. Por ejemplo, en este formato propuesto por el Poder Ejecutivo no entran las preocupaciones por la violencia institucional, además de es que muy difícil que alguien con esa preocupación vaya a expresarla en el seno de la comisaría.

¿Cuáles creés que son los mayores problemas de la Seguridad Pública de la Ciudad?

En primer lugar, a mi modo de ver, el plan de seguridad mezcla cosas: securitiza las políticas de gestión de riesgo. Por ejemplo, nosotros logramos separar a los bomberos de la policía, conseguimos sacar del área de la securitización un tema que es de gestión de riesgo y que si bien tiene que ver en algún punto con la seguridad, no es dependiente de esta. Ese fue el espíritu con el que se construyó el nuevo Cuerpo de Bomberos. La idea de todas las agencias trabajando en un único plan es en realidad una securitización de los otros problemas, más que una interacción.

Tampoco se está cumpliendo con la Ley de Seguridad en los Estadios de Fútbol, que a esta altura debería estar reglamentada. Este tema además tiene que ver con otras cuestiones contravencionales, como el tema de los trapitos o el estacionamiento regulado, que son leyes que ya deberían estar en un estado mucho más avanzado de cumplimiento.

Y acá nos encontramos con una discusión central que tiene que ver con los adicionales de la policía, éstos han aumentado en vez de reducirse. Los pagos complementarios se convierten en un mecanismo “regimentador”, donde frente a la ausencia de un sindicato, quien decide por los adicionales también decide quién cobra más o menos. De esta manera, quien los “representa” en la disputa salarial es el comisario que decide quien va a tener adicionales y quien no. Entonces, el comisario se transforma no sólo en un jefe, sino en un representante a quien no pueden cuestionar, ni tampoco salir de una red de recaudación que pueda estar armada en el territorio -porque ante la oposición y el enfrentamiento se lo separa-.

Los adicionales no son sólo un regimentador interno sino un mecanismo de composición salarial, cuya toma de decisión, es una toma decisión compleja. Es materia de discusión si uno quiere sanear la seguridad. Incluso la Policía Metropolítana no tenía estos mecanismos porque tenía turnos rotativos y mejores salarios, allí habían desaparecido los adicionales. También son un mecanismo de manejo del territorio y hasta podrían ser un mecanismo extorsivo. En su momento intentamos abrir la discusión en la Legislatura y en aras de la correlación de fuerzas quedó como un tema a futuro y a futuro lo que sucede es que sigue creciendo.

Por último, otro de los temas en los que no se ha avanzado es en la creación de protocolos. Tal es el caso de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas. Nosotros propusimos avanzar en este sentido pero la Jefatura de Gobierno se negó a discutirlo.

– En lo que va del  año, pudimos presenciar muchos casos donde la Policía de la Ciudad intervino de manera violenta específicamente en situaciones donde habia involucrados niños, niñas, adolescentes o migrantes ¿qué opinión tenés al respecto?

En esos temas hay un retroceso general en la sociedad, impulsado especialmente por el Gobierno Federal. En la Ciudad hay un discurso más ambiguo, pese a alguna declaración no feliz del Jefe de Gobierno, pero lo cierto es que hay un clima que también abarca a la Policía de la Ciudad. Un clima de fuertes niveles de violencia institucional.

El caso Chocobar fue condenado por todos los organismos internacionales. Sin embargo, fue avalado por la ministra nacional, Patricia Bullrich, cuando era un policía local de avellaneda que actuó en la Ciudad de Buenos Aires. Está también fuertemente vinculado con el caso Maldonado, y lo único que hace es escudar un clima de construcción de enemigo, ya sea pobre o ideologizado, hay un problema grave ahí. Igual en la Ciudad hay un cierto cuidado, aunque esa tensión se ve.

– Frente al recrudecimiento de los casos de violencia institucional protagonizados por la nueva fuerza, ¿con qué herramientas cuenta la Defensoría para intervenir en estos casos?

Desde la Defensoría recibimos denuncias y hacemos un seguimiento de los casos de violencia institucional protagonizados por la nueva Policía de la Ciudad.

En lo que respecta a las manifestaciones públicas, nosotros hemos adoptado un rol de intervención. Por ejemplo, en la Marcha del 8M de este año, que era quizás las más compleja y paradigmática por la razzia perpetuada por la Policía de la Ciudad el año anterior, el compromiso de la Ciudad fue bastante cumplido y la Defensoría actuó como un regulador. Además, se logró sentar en la mesa a las organizadoras de #NiUnaMenos y hubo dos reuniones de trabajo junto a la conducción política de las fuerzas de seguridad y la policía.

– Hace poco se votó la creación del Distrito Joven y se retomó la discusión sobre la seguridad en eventos nocturnos ¿qué opinión tenés respecto a la respuesta del Poder Ejecutivo tras la tragedia de Time Warp?

Creo que es una respuesta muy a medias, que responde sólo a un sector social y no al total del problema: generar un espacio para que los jóvenes de los sectores medios y medios altos, consumidores de drogas sintéticas, puedan tener un mayor nivel de contención -sin olvidar el negocio para particulares que se genera en torno a eso-. Lo que está claro es que en la Ciudad de Buenos Aires hay una respuesta para eso, post Time Warp pero, por ejemplo, para todos los jóvenes que cruzan la línea Rivadavia -que participan de boliches de otras características y que son envenenados con alcohol de pésima calidad y terminan golpeándose a la salida de los boliches- no hay política. Eso es una expresión de lo parcial que es la política de Distrito Joven, a la que yo igualmente no veo mal respecto a la porción de la juventud a la que viene a sanear.

El otro tema es la reducción de riesgos y daños. Cuando pasó lo de Time Warp la reacción del ejecutivo fue una reacción de emergencia, cargada de prejuicios, expresada en una muy mala ley que mandaron a la Legislatura. Discutir esto merece un debate serio y no en el marco de una reacción de emergencia. En aquel momento el discurso era negar esta problemática y hoy han avanzado un poco más, por ejemplo están de acuerdo en que haya algún tipo de testeo de drogas -aunque sea tercerizado por alguna ONG-. En este sentido creo que hay que tener una política integral para los jóvenes que sea menos clasista.