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ENTREVISTA A VILMA PAURA: SOBRE LAS POLÍTICAS SOCIALES DEL PRO EN LA CIUDAD

3 mayo, 2018

Conversamos con Vilma Paura sobre las políticas sociales en la Ciudad de Buenos Aires. Vilma es docente, investigadora, coordinadora académica de la Maestría en Políticas Sociales Urbanas de la UNTREF, integrante del Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas (CEIPSU) y dirige el proyecto “Las configuraciones de políticas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.” en dicho centro.

  • .¿Existe una línea de continuidad en el enfoque utilizado en las políticas sociales entre las gestiones del Pro (2007-2015) y Vamos Juntos (2015-actualidad)? ¿Cuáles son los ejes que considerás que marcan esa continuidad y cuáles podrían marcar un corrimiento?

Antes de meternos en las políticas sociales, quisiera aclarar algo sobre su definición. Es muy difícil pensar en una unidireccionalidad de las políticas sociales, porque estas son políticas sectoriales, subcampos de la intervención social. Cada uno de esos campos tiene dinámicas, lógicas y actores diferentes. Lo que nosotros intentamos con el proyecto que armamos, es proponer algunas vías para poder entender el conjunto de las políticas sociales, poder reconocer tendencias comunes y poder decir algo sobre si hubo una dirección de “la” política social. Dicho esto, podemos responder la pregunta.

Voy a hablar con mayor precisión de las políticas sociales durante el gobierno del Pro (2007/2015) porqué es lo que hemos estudiado en el proyecto, pero también como nuestro proyecto continuó, podemos reflexionar acerca de las continuidades y transformaciones a partir del 2015. El mismo jefe de gobierno a partir de la apertura de legislativa del 2017, insistió mucho en hablar de transformaciones, cambios estructurales, al mismo tiempo que señalaba la filiación con la gestión anterior..

Nosotros tomamos tres dimensiones principales de análisis: presupuesto, organigrama y acumulación de leyes.

Los presupuestos sancionados y ejecutados, pensándolos como acuerdos políticos para la distribución de los recursos que se establecen en la Legislatura y expresan coaliciones que a veces son más explícitas y a veces menos y que expresan también que áreas de gobierno se priorizan. Ahí tenemos una lectura hasta el 2015 y podemos marcar algunos puntos significativos: uno es el peso que van adquiriendo los servicios de la deuda, sobre todo a partir del 2010 y la continuidad que uno podría pensar bajo el signo actual considerando la consonancia con el modelo nacional. Otro punto significativo es el peso que van adquiriendo en el presupuesto los servicios de seguridad, que marca una continuidad con la creación de la policía de la Ciudad en el 2016. La cuestión que se observa en los presupuestos analizados en este período, es que la reducción de  la participación dentro del anexo de Finalidad y Función, de la inversión en Servicios Sociales, sobre todo en lo que es educación y salud.

Una observación adicional, son  dos momentos en que registramos un crecimiento importante de la participación de Administración Gubernamental dentro de los presupuestos sancionados. Uno fue el de creación de la autonomía de la Ciudad en 1996, cosa que es razonable porque hubo que generar áreas administrativas y equipos técnicos. El otro momento es el 2011 donde el aumento de la Administración Gubernamental es considerable. Esto va de la mano de la transformación de los equipos técnicos y de los responsables de las agencias de gobierno, como así también de las formas de contratación y precarización laboral que tienen los empleados estatales en la Ciudad. Allí también podría hablarse de continuidad o incluso consolidación y fortalecimiento de un modelo de precarización de los equipos técnicos medios y bajos y otros procesos de selección de quienes son responsables de los equipos. Ahí hay que atender la inyección de los recursos destinados a Administración Gubernamental en detrimento de Servicios Sociales y por otro lado, denuncias de precarización, despidos, movimientos continuos del personal del estado. Acá más que continuidad, pareciera haber una consolidación.

  • ¿Cómo se observan esas evoluciones en materia de las políticas de cuidado?

Esta situación que acabo de comentar se ve claramente en el caso de las políticas de cuidado. Por ejemplo, respecto al cuidado de adultos mayores se ha pasado de la Dirección de Tercera Edad al rango de Secretaría de Integración de Personas Mayores y la persona que estaba como Director ahora es legislador de la Ciudad -Claudio Romero-. Cabe destacar que la dirección se llamaba “Dirección para la Tercera Edad”, es decir,  mientras ya la convención internacional había establecido que hablábamos de personas mayores, la etiqueta que se le daba (que da cuenta del tratamiento como problema público) era la misma que tenían desde 1996. Volviendo, no es menor esta jerarquización que se hace del problema y que quien haya estado a cargo del área hoy se legislador de la Ciudad. Obviamente, esto no lo dice todo. Cuando indagamos si se le dieron más recursos, queda la duda. Estamos analizando ese presupuesto.

En simultáneo, está la privatización de bienes y servicios que tienen que ver con la calidad de vida de las personas mayores. Esto se traduce en dos cuestiones: una fuerte tendencia en la Ciudad de Buenos Aires a la institucionalización permanente, cuando las recomendaciones de la OMS dan cuenta que la mejor calidad de vida está asociada a la posibilidad de permanencia en el propio domicilio mientras la persona sea auto válida. A su vez, esta tendencia en la institucionalización es privada.

Uno de los trabajos que se está armando desde el Programa de estudios sobre la Ciudad radicado en el CEIPSU, tiene que ver con esto: las políticas de cuidado de los adultos mayores. Al analizar la legislación en el período 1996/2016 lo que se ve es que el enfoque de toda la normativa es de regulación de residencias permanentes, no hay otra forma de definir el problema. La única respuesta, ante las posibles necesidades de los mayores, es la institucionalización permanente privada. Hay una concepción de mercado, que actúa con la privatización de la vida, conformando rasgos de una ciudad neoliberal.

Acá la discusión es si las políticas favorecen o reorientan esa tendencia y como decía antes, podemos ver que la legislación sobre este tema prácticamente se reduce a la regulación de -los antes llamados geriátricos- las residencia permanentes.

Tenemos que considerar que cada vez hay más personas mayores en la Ciudad y cada vez hay más instituciones de residencia para adultos permanente privadas. Mientras, al mismo tiempo disminuye la cantidad de personas que se encuentran alojadas en las residencias permanentes públicas. El resultado, es un predominio de la resolución por la vida privada del cuidado de las personas mayores y que ese cuidado se reduce a la insitucionalización aún de personas auto válidas, que podrían permanecer en sus viviendas si se trabajara con mayor imaginación en el instrumento de la política pública, para buscar la mejor calidad de vida de las personas y no que se resuelva de la manera más fácil.

En los distritos más pequeños, por ejemplo, hay formatos de mucha responsabilización familiar -esquemas familiarizadores del cuidado-. Esos esquemas ideológicos en esas sociedades, sostienen eso, no los problematizan ni lo discuten. Ahí el mercado no encuentra su nicho.  

En la Ciudad hay una continuidad en la institucionalización temprana y en la privatización en el caso de las personas mayores, que expresa la intención de favorecer el mercado. Es una decisión de política social, que habrá que ver si es lo que la sociedad en su conjunto avala. Entre 2016 y 2017 hubo un salto de 17.000 a 22.000 personas internadas en residencias permanentes, según datos de las propias estadísticas del GCBA.

  • ¿Qué niveles de consenso encuentra el abordaje de las políticas sociales que vienen llevando adelante la gestión de Macri y Larreta en la Ciudad?

En la cuestión de los migrantes el Pro hay generado un consenso, esto está asociado a la segregación residencial y la vulneración social.

Tal vez ese consenso entra en crisis cuando pensamos los problemas en torno al género. Es una discusión transversal tanto en lo económico como lo generacional, que ha tomado carácter público. El gobierno ha mantenido una institucionalidad de áreas respecto a este tema, pero las ha desfinanciado y desprofesionalizado. Por ejemplo, el recorte presupuestario a la Dirección General de la Mujer y la quita de posibilidades para capacitación o recursos para armar folletería, son instrumentos quirúrgicos que expresan la desatención del problema, más allá de la retórica. Lo que pasa con la educación sexual integral, ha habido una política de desmantelamiento.

Quizás hay problemáticas que presentan una ventana de oportunidades, para crear coaliciones sociales que defiendan las demandas de una agenda igualitaria. Reconociendo los vínculos, por ejemplo, entre la agenda de género, la de cuidados de adultos mayores y la de los derechos de los trabajadores (en el caso de quienes se desempeñan como cuidadores están atravesados no sólo por la desigualdad de género, sino por procesos de precarización laboral y desprofesionalización).

De todos modos, el problema de la agenda igualitaria es cuánto participa la sociedad de esta Ciudad en proyecto de esa índole. En algún momento parecía avanzar en esa dirección, porque tuvo la Constitución más progresista de las sancionadas en esa época. La creación de ministerios de Salud, Educación, o Desarrollo Social y Derechos Humanos (en 2005/6) eran cuestiones, eran cuestiones de avanzada. Fueron signos que había una forma de definir los problemas de gobierno, que se le daba cierta entidad. Pero hoy, pareciera estar mostrando otra cosa y la sociedad vota esa propuesta política.

Después hay procesos de más larga data, que también cuestionan la preponderancia de esta agenda, como lo es el desprestigio de lo público. El caso de la educación, donde más de la mitad de los porteños optan por las escuelas de gestión privada,, genera formas de segregación social que impactan directo en la agenda igualitaria. Otro caso dentro de la educación, es la implementación de los Centros de Primera Infancia (CPI) que no son espacios educativos formales, sino de desarrollo integral que están abiertos sólo a niños que muestran vulnerabilidad social. La institucionalidad que genera el estado establece una frontera social muy marcada, que fortalece y consolida la segregación, y esto es lo que las familias avalan.

Lo que reproduce no es una sociedad más igualitaria, sino todo lo contrario una sociedad cada vez más desigual. Se convalida, se busca, se refuerza y eso es lo que no podemos romper.

Yo les decía que en una configuración de política social hay una idea de sociedad y a su vez, las políticas sociales pueden contribuir a aumentar o a disminuir la desigualdad social, sólo dependen de la direccionalidad que asuman. En la Ciudad, el GINI -el índice que mide la desigualdad- muestra un aumentó durante los últimos dos años, que da cuenta de que las políticas sociales contribuyen a aumentar la desigualdad.