Educación

Falta de vacantes, una política de estado

14 diciembre, 2016

Noviembre de 2013, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementa “el sistema de inscripción on line” para solicitar vacantes para niños, niñas y jóvenes en las escuelas públicas porteñas para el ciclo lectivo 2014. Pese a las advertencias de las comunidades educativas y de los sindicatos docentes de la Ciudad, el ministro Esteban Bullrich, actual titular de la cartera educativa nacional, decide ejecutar el sistema informático de inscripción, sin atender las necesidades y demandas particulares de cada comunidad educativa, en el marco de la distribución territorial que tiene el sistema educativo.

A solo tres semanas de inicio del ciclo lectivo 2014, Bullrich reconoce que entre 7 mil y 9 mil niños de entre 45 días y 3 años quedarán afuera del sistema inicial, mientras 4 mil niños, niñas y jóvenes de los restantes niveles que no tienen garantizadas sus vacantes. Cientos de familias se movilizan para exigir un lugar para sus hijos e hijas en la escuela. Se organizan cortes de calle en distintos puntos de la Ciudad y asambleas en plazas y escuelas. El Ministerio no da abasto con la cantidad de reclamos. La Defensoría del Pueblo recoge las demandas y resuelve a favor de las familias. El sindicato UTE-CTERA lleva el reclamo a la justicia, exigiendo vacantes para todos los niños y niñas de la Ciudad. Pero el Ministerio de Educación no resuelve los problemas.

La implementación del “sistema de inscripción on line” para la asignación de vacantes en la escuela pública transparentó un problema estructural y deficitario que el propio gobierno porteño, ha decidido no resolver: la falta de vacantes para las escuelas públicas y el incumplimiento con lo establecido en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

Año 2016, la ministra de educación, Soledad Acuña envía un informe oficial a la Legislatura Porteña sobre la falta de vacantes. Se estima que 11 mil niños, niñas y jóvenes no tienen garantizada la vacante en la escuela pública. La historia se repite. Luego de 9 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la falta de vacantes es una política de estado.

NORMATIVAS Y FALLOS

¿Qué responsabilidad tiene el estado en relación a garantizar la escolaridad en la Ciudad de Buenos Aires?

En octubre del año 1996, se promulgó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Esta norma macro, que es de avanzada con respecto a otras jurisdicciones provinciales, tiene un apartado vinculado al sistema educativo. En su artículo 24 establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”.

Esto quiere decir que la educación no es obligatoria a partir de los 45 días, pero que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar la escolaridad en la escuela pública para aquellos que así lo requiriesen. Es un derecho constitucional.

La Ciudad de Buenos Aires no tiene una ley general de Educación. El ordenamiento del sistema educativo y las responsabilidades del Estado se encuentran diversificados en varias leyes y resoluciones. Por lo tanto el artículo de la constitución que hacemos referencia es el que ordena el ingreso a la escuela pública.

El gobierno porteño, conducido durante 8 años por el actual presidente Mauricio Macri y 1 año por el ex jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, ha desestimado un derecho constitucional y por lo tanto entrado en una falta grave como responsables del estado. Esta situación ha provocado, luego de múltiples presentaciones en la justicia por parte de la comunidad educativa, diversos fallos que exigieron al poder ejecutivo de la Ciudad el cumplimiento con la Constitución de la Ciudad y la garantía para la asignación de vacantes en las escuelas públicas.

Este problema estructural tampoco ha sido resuelto por los gobiernos que precedieron al PRO. En el año 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) inició una acción judicial contra el Gobierno Porteño, por la falta de vacantes en escuelas de nivel inicial, que dejaba a miles de niños y niñas fuera de ese nivel educativo. En el año 2011, ACIJ y el Gobierno llegaron a un acuerdo por el cual la Ciudad se comprometió a cumplir con un plan de construcción de escuelas de nivel inicial.

Sin embargo, el gobierno incumplió el acuerdo. El Gobierno no ha presentado aún el plan de obras adicionales que estaba previsto, dado que las obras programadas hasta el momento no alcanzan para cubrir la demanda existente.

En el año 2008 Una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña condenó al Gobierno de la Ciudad a resolver la situación de los chicos que no obtuvieron vacantes en las escuelas públicas para el jardín de infantes. Según los datos del entonces defensor del Pueblo adjunto de la Ciudad, Gustavo Lesbegueris, fueron 8.305 los chicos que ese año se quedaron en “lista de espera”, sin lugar en los jardines de infantes oficiales.

A pesar de los fallos que obligan al Ministerio de Educación ha cumplir con la Constitución de la Ciudad, el poder ejecutivo ha elegido el camino de la falta, y el desarrollo de algunas construcciones de edificios escolares en zonas donde la demanda reflejaba ciertos niveles de conflicto social que el gobierno porteño, en años de campaña, prefería evitar.

¿SE INVIERTE PARA RESOLVER EL PROBLEMA?

La actual ministra de Educación, Soledad Acuña, dijo en una entrevista publicada en un diario gráfico:   “Cuando empezamos este año, no encontramos las escuelas en el estado que a todos nos gustaría verlas”. Esta declaración podría ser atribuida a una nueva gestión de otro signo político que arriba al gobierno luego de ganar elecciones. Pero hay que recordar que Soledad Acuña fue subsecretaría del equipo de Bullrich durante los últimos 2 años de su gestión como ministro porteño.

Esta afirmación que hace la ministra, es lo que vienen sosteniendo sindicatos docentes y familias de las escuelas públicas. Las escuelas se encuentran deterioradas y la inversión para nuevas escuelas es prácticamente nula en relación a la demanda insatisfecha.

Para ser más precisos con la información, observemos el presupuesto del Ministerio de Educación en infraestructura escolar a partir de su primer año de gestión [1]:

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Con respecto al incremento significativo de presupuesto en infraestructura para el año 2017, esto podría deberse a un excedente proveniente de una toma de deuda que el gobierno porteño ha adquirido en el año 2016 por U$S 890 millones.

El programa de infraestructura escolar atiende tanto el mantenimiento y la construcción de edificios escolares. Lo destacable de esta tabla es que el porcentaje de sub ejecución presupuestaría ha sido altísima. El promedio de sub ejecución desde que el PRO gestiona la Ciudad es de aproximadamente 30%. Pero además otro elemento que arroja la tabla es que los valores de inversión de los años 2012/13/14/15 son menores a los del año 2011 y 2010, aunque la constante de falta de vacantes se mantenga y los edificios escolares necesiten de un mantenimiento anual.

¿HAY SOLUCIÓN?

¿Existe una solución para este problema estructural que afecta a miles de familias todos los años? Lo primero que hay que señalar es que efectivamente este gobierno ha dado algunas respuestas. El Gobierno de la Ciudad ha construido distintos edificios escolares en los últimos 8 años. De estos, el 30% con fondos del poder ejecutivo nacional, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  Pero objetivamente, la cantidad de establecimientos escolares no ha garantizado la demanda de miles de familias que anualmente eligen la escuela pública para sus hijos e hijas.

Otra política que ha llevado adelante el gobierno porteño, es la tercerización educativa en un subsistema dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Estos son los Centro de Primera Infancia (CPI), espacios comunitarios que alojan a cientos de niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. Si bien estos centros funcionan como espacios de contención, la supervisión pedagógica es prácticamente nula, y los adultos a cargo de la tarea con los niños no son docentes. El gobierno transfiere dinero a estos centros para que puedan equipar, mantener y desarrollar tareas de contención y recreación.

Las respuestas que da el PRO en esta materia son de mitigación para el grave problema que atraviesan las comunidades educativas. No solo pone en jaque la estructura y organización familiar, al provocar incertidumbre por la asignación de la vacante, sino que además y esto es lo prioritario: vulnera el derecho social a la educación, al impedir con políticas precarias la escolarización que el estado debe garantizar. Esto además genera una migración silenciosa y obligatoria hacia la escuela privada, ya que muchas familias dependen de la escolaridad de los niños para organizar su propia economía.

La solución de este problema estructural es cumplir con la Constitución de la Ciudad, es decir garantizar el derecho a la escolaridad a partir de los 45 días y hasta terminar el nivel secundario. Para ello es necesaria una inversión sostenida que dé respuesta a las múltiples demandas de las comunidades educativas. La inclusión de miles de niños y niñas a la escuela es uno de los puntos de partida para el efectivo ejercicio de la ciudadanía. Sin inversión no hay acceso universal. Sin acceso universal no hay calidad educativa. Porque la calidad y la inclusión son parte de una misma mirada política y pedagógica sobre los niños y niñas, es decir que sean efectivamente sujetos de derecho.


[1] En millones de pesos, ejecución al segundo trimestre del año 2016.