Derechos humanos, seguridad y convivencia

Un amparo contra la política anti-inmigratoria

7 diciembre, 2016

Como parte de una reorientación de la política migratoria, el macrismo está dispuesto a avanzar con su proyecto de crear una cárcel especial para extranjeros. Esta iniciativa es única en Latinoamérica; sólo en Ecuador existe un antecedente que guarda algunas similitudes con este.

De ponerse en práctica, esta avanzada constituiría una clara vulneración de los derechos constitucionales de acceso a la justicia e igualdad ante la ley. Además, el predio donde se instalaría la cárcel fue cedido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Nación, pero sin pasar por la Legislatura Porteña, como hubiera debido ocurrir. 

En ese marco, fue presentada una acción de amparo por el Colectivo para la Diversidad (COPADI), el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) y el Legislador de la Ciudad, José Cruz Campagnoli, también Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. El amparo cuestiona la irregular cesión del inmueble por parte del Poder Ejecutivo porteño y, fundamentalmente, intenta frenar el cambio radical en política migratoria que el macrismo está promoviendo.

El paradigma que había estado vigente en esta materia hasta diciembre de 2015 había sido inaugurado con la sanción de la Ley N° 25.871 en 2004 (la cual había implicado un cambio fundamental respecto de la norma conocida como “Ley Videla”). La Ley N° 25.871, debatida y acompañada por diversas organizaciones, estableció criterios de inclusión sustantivos, cuyo tenor es sólo asimilable al de 4 o 5 leyes vigentes en todo el mundo. Se reconoció el derecho humano a migrar y, tras ese marco garantista, se determinó un principio claro: promover la regularización. De este modo, tal objetivo quedó fijado como una obligación del Estado, al igual que ofrecer defensa pública gratuita a los migrantes, o garantizar la revisión judicial en todo trámite de expulsión. Por otro lado, la norma plantea la posible detención sólo para los casos donde haya una expulsión dictada firme y consentida, pero abre una excepción que puede resultar preocupante si es interpretada contra el principio general de la ley. Justamente en ese sentido parece operar el actual gobierno nacional, y allí radica el gran temor de la comunidad migrante.

permanencia2 permanencia3Los migrantes tiene que luchar día a día contra un discurso que arbitrariamente busca equipararlos con la ilegalidad, el delito y la droga. Hacia allí apuntaron las desafortunadas declaraciones del Senador Miguel Pichetto, luego ratificadas por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj. Ese discurso acompaña el cambio de orientación en política migratoria promovido por el macrismo. Por caso, desde la Dirección Nacional de Migraciones se desmanteló el programa de Abordaje Territorial, que buscaba informar y ampliar el pleno ejercicio de los derechos de las personas migrantes. En su lugar se expandieron los operativos de “Control de Permanencia”, que son verdaderas razzias contra los extranjeros. Basta ver en twitter los afiches de la Dirección Nacional de Migraciones, que resultan profundamente estigmatizantes. También se han ido anunciando cuestiones muy preocupantes, como es la referida creación de la cárcel para personas migrantes o de una policía migratoria para control fronterizo.

Apresar migrantes por razones ajenas a la comisión de algún delito, simplemente por no tener documentación en regla, constituye un retroceso muy significativo en la política migratoria de nuestro país. Implica la vuelta a los principios de la ley Videla de 1981, que asociaba al inmigrante irregular a la delincuencia, y lo privaba de todo tipo de derechos. En la Ciudad de Buenos Aires la Dirección Nacional de Migraciones expulsó recientemente a, Rigoberto Bernal, ciudadano paraguayo que vivía en la villa 31. Bernal había ido a una farmacia para comprar medicamentos para su esposa, embarazada de mellizos. En ese entonces, los funcionarios del poder ejecutivo le solicitaron los documentos y, sin que pudiera hacer una llamada siquiera, lo subieron a una camioneta y lo deportaron a Paraguay. Su esposa presentó un habeas corpus por no saber qué le había sucedido. Finalmente la Cámara del Crimen anuló la expulsión por haberse violado el debido proceso, y aunque Migraciones se negó a dejarlo reingresar durante algunos días, finalmente pudo volver al país. Estos casos son cada vez más frecuentes, lamentablemente.

La utilización de los extranjeros como chivo expiatorio por parte de la derecha ha sido recurrente en tiempos de crisis. En particular, esta estrategia fue utilizada con especial contundencia a fines de los ’90; y en los últimos años con el macrismo, primero desde la Ciudad y este año en modo muy fuerte a nivel país. Por otra parte, esta orientación va de la mano del realineamiento impulsado por el oficialismo con la política de los Estados Unidos hacia América Latina que, al asociar a los migrantes con el narcotráfico, promueve que las fuerzas armadas locales intervengan en la “persecución del delito”. Esto está prohibido en nuestro país por la Ley de Seguridad Interior, aunque a al gobierno parece no importarle.

Pero el principal objetivo de la reorientación de la política migratoria y de la estigmatización de los migrantes es claro. Están intentando responsabilizar a los extranjeros por el aumento de la pobreza y el desempleo, para eludir la responsabilidad del gobierno nacional y sus políticas de ajuste.