Derechos humanos, seguridad y convivencia

El abandono de las políticas de derechos humanos

14 noviembre, 2016

El proyecto de presupuesto para el año 2017 que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha enviado a la Legislatura da cuenta de que el plan del PRO en materia de derechos humanos consiste en desfinanciar y abandonar a las áreas vinculadas a esta temática. La intención guarda absoluta correspondencia con lo pretendido por el macrismo a nivel nacional, donde se prevé un importante recorte para la Secretaría de Derechos Humanos. Dicha área reduce en términos nominales su partida presupuestaria, pasando de $717 millones durante este año, a $607 millones en el próximo ejercicio.

En la descripción de la propuesta, el Ejecutivo porteño plantea que su objetivo es “posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como referente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos”. Sin embargo, las características del presupuesto presentado contradicen de manera contundente esta declaración ya distintos programas especialmente sensibles quedan desfinanciados.

nota-espacio-memoria

Solicitud de presupuesto del Espacio Memoria y DDHH firmada por la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Pamela Malewicz

Uno de los casos más preocupantes es el del Ente Público Espacio para la Memoria y Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, creado a través de un convenio entre el Estado Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, y ratificado por la Legislatura porteña a través de la Ley N° 2.599.

El Ente se encuentra presidido por un órgano ejecutivo conformado por un representante del Poder Ejecutivo Nacional, un representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en este caso, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Pamela Malewicz) y un representante de los organismos de Derechos Humanos.

Dicho órgano remitió al Gobierno Nacional y al de la Ciudad una solicitud de presupuesto para 2017 de $174 millones, que fue suscripta por sus tres integrantes, incluida la propia Malewicz. En ese marco, la Nación ha presupuestado $95 millones para el programa; pero la Ciudad de Buenos Aires prevé aportar sólo $12 millones, en lugar de los $79 millones que debería asignar para garantizar el funcionamiento de la institución.

Cuando los funcionarios de la Jefatura de Gobierno presentaron en la Legislatura el proyecto de presupuesto, la Subsecretaria Malewicz admitió el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad. Según consta en la versión taquigráfica de la reunión, la funcionaria sostuvo: “Ese presupuesto no es el que necesariamente se precisa para el funcionamiento del Ente; de hecho, este año viene funcionando solamente con la colaboración de la Nación, porque la ciudad no había aportado en su momento ya que no estuvo presupuestado.”

En otro orden, el presupuesto 2017 también prevé un brusco recorte al programa que regula la asistencia y contención a los querellantes y testigos víctimas del terrorismo de Estado en las causas judiciales y/o investigaciones inherentes a los delitos de crímenes de lesa humanidad. A pesar de que la ley N° 2.939 obliga el Gobierno de la Ciudad al cumplimiento de estas responsabilidades, el presupuesto del programa ha sido sumamente bajo en 2016 (de $185 mil), los organismos de derechos humanos plantean que prácticamente no se implementaron acciones de ningún tipo, y para el año próximo se prevé un recorte en términos nominales del 50%, ya que la partida sería de apenas $90 mil.

Esta situación resulta más preocupante aún a la luz de que tanto este año como el que viene se desarrollarán una serie de juicios sumamente importantes (el del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo – A-B-O – , el de la ex ESMA y el del Sheraton, entre ellos). Allí participará una gran cantidad de testigos (sólo 300 en el de A-B-O), que van a estar absolutamente desprotegidos. Y si bien desde el Ejecutivo porteño se ha planteado que estas responsabilidades se cumplimentarán a través de la articulación con el Centro Fernando Ulloa (de jurisdicción nacional), lo cierto es que no sólo el Ulloa ha sido deliberadamente debilitado desde principios de año ya que han sido despedidos numerosos trabajadores de ese centro de atención psicológica, sino que también el sistema de atención de testigos no tiene que ver exclusivamente con el seguimiento psicológico, sino con garantizar mecanismos para que el día del juicio los testigos puedan llegar sin problemas. En ese sentido, uno de los mayores problemas es el traslado de los testigos a los juicios: el Centro Ulloa no se dedica a eso, y el referido programa del Gobierno de la Ciudad está siendo vaciado.

Ahora bien, el ajuste que se prevé para estos programas no obedece a ningún tipo de restricción presupuestaria atravesada por el Gobierno de la Ciudad. El presupuesto general de la Ciudad para 2017 es superior en un 59% al sancionado para 2016; el de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural es superior en un 32% al presupuesto vigente al 30 de septiembre de este año (aunque la mayor parte de ese incremento se destina a las actividades comunes del área, que incluyen básicamente gastos en personal y servicios no personales); y los programas de la Jefatura de Gobierno vinculados a publicidad de las acciones de gobierno duplicarán su presupuesto en 2017, pasando de $700 millones a $1.400 millones.

Montos expresados en millones de pesos

Montos expresados en millones de pesos

En definitiva, considerando que con apenas el 5% del presupuesto destinado a publicidad se podría garantizar el normal funcionamiento del Ente Público Espacio para la Memoria y Para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; o que el programa de protección a testigos en casos de violaciones a los derechos humanos recibe una asignación que representa apenas el 6% de los gastos justamente en publicidad; queda claro que el vaciamiento de las áreas de derechos humanos no responde a ningún tipo de restricción ajena a la voluntad de los funcionarios porteños sino a una clara decisión política por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.