Derechos humanos, seguridad y convivencia

Sobrevivimos para gritarlo

5 octubre, 2016

SOBREVIVIMOS, PARA GRITARLO

Por el Encuentro por la Niñez y la Adolescencia

 “Damos nuestros nombres y mostramos las marcas para que nos crean, pero yo prefiero ocultar mi cara, porque me los tengo que cruzar en la villa todos los días, cuando salgo con mis amigos, cuando juego a la pelota, cuando voy al colegio o cuando vuelvo del trabajo. Y sí, tengo miedo. No quiero mostrarme, porque ya me los topé volviendo de la fiscalía y se reían. Quizás ahora, a partir de nuestra denuncia, las cosas se pongan todavía peor y termine muerto… ¿Por qué decidimos denunciarlo igual? Porque hay muchos otros pibes que están pasándola mal”

Del Facebook de La Garganta Poderosa

Caso 1. Dos adolescentes y un grito contra las torturas

El 24 de septiembre de 2016, dos adolescentes de 15 y 18 años caminaban por su barrio, la Villa 21-24 del Barrio de Barracas, cuando sufrieron una detención arbitraria por parte de las denominadas “fuerzas de seguridad” (¿para quién?). El motivo: ser pibes pobres y participar de la organización La Garganta Poderosa. Este fue el comienzo de horas de terror que dejaron marcas en sus cuerpos y en sus vidas.

arton55259Ezequiel de 15 años y su amigo Iván de 18 en la noche del sábado fueron increpados primero por la Policía Federal, luego por la Prefectura. Los subieron de manera completamente ilegal a un patrullero, los golpearon, los denigraron, los acusaron, los torturaron, los amenazaron una y otra vez. Los llevaron al Camino de Sirga, a orillas del Riachuelo, y rodeados de 10 prefectos, a Iván y Ezequiel les dijeron que los iban a matar, porque “total nadie los iba a reclamar”. Acto seguido un prefecto los obligó a rezar un padre nuestro a punta de cañón a pocas cuadras de la Iglesia Caacupé. Después los amenazaron de muerte y los hicieron correr por sus vidas apuntándolos con una escopeta. Los hechos de violencia física y psíquica no terminaron: incluso en la fiscalía de Pompeya, como una amarga burla al estado de derecho, cuando fueron a radicar la denuncia, se encontraron cara a cara con uno de los agentes que horas antes los había torturado.

El relato de los hechos es de una escalofriante similitud a lo ocurrido el 13 de septiembre del 2002 cuando a Ezequiel Demonthy lo obligaron a nadar por su vida en el Riachuelo, al grito de  “ahora vas a aprender a nadar. Ahora vas a saber qué es ser hombre, negro de mierda”. Su cuerpo fue encontrado días  después en el Riachuelo. Ezequiel fue torturado y asesinado por la Policía hace 13 años, los policías involucrados fueron condenados por esos hechos. Pero las prácticas de violencia de las fuerzas represivas contra niños y jóvenes de los barrios pobres en la Ciudad de Buenos Aires se perpetúan, y aún hoy responden a las mismas premisas. En el medio, hubo avances en materia de control institucional y reglamentación de nuevos protocolos de actuación, adecuados a la Declaración internacional de Derechos Humanos y a la Convención Internacional de los Derechos de Niño. Sin embargo, es recurrente que la violencia institucional y hostigamiento cotidiano que sufren los pibes se acrecienten en los momentos en que la preocupación social por la “inseguridad” es acuciada por los medios de comunicación hegemónicos, dirigentes políticos y actores sociales que disputan su importancia como el “principal problema público” de nuestra sociedad, intentando desplazar otros igualmente acuciantes, como actualmente son el crecimiento de la pobreza y el desempleo.

Caso 2. Un peligroso delincuente de… 8 años

Estos contextos habilitan y legitiman el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos que cometen es justamente la inseguridad de los niños y niñas pobres.

En lo que va del año, los casos en la Ciudad de Buenos Aires se acrecientan:el inicio del 2016 nos recibió con la noticia de que un grupo de Gendarmes abrió una balacera sobre niños y niñas que ensayaban con una murga en el Bajo Flores, produciéndoles heridas de balas de goma y plomo a mansalva. Y el viernes 30 de septiembre, a dos días de hacerse público el caso de los adolescentes torturados, un niño de ¡8 años! fue detenido, acusado de la desaparición de un par de zapatillas en un pelotero de Liniers. Del restaurante llamaron a la Policía, que en vez de dar seguir la normativa vigente (como la Ley 114 de “Protección Integral a NNyA”)y dar intervención a la Guardia de Jurídica Permanente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, lo asumieron como “delincuente”, lo subieron a un patrullero, lo judicializaron y lo llevaron al Centro deCentro de Admisión y Derivación donde la maquinaria judicial dio lugar a sus procedimientos: le tomaron las huellas dactilares y lo imputaron por hurto. Pasaron más de cuatro horas hasta que la Guardia del Consejo de Derechos lo fue a buscar para llevarlo a su casa, en el primer cordón del conurbano. Pero la “causa” ya está abierta y el niño tendrá que tratar con las instituciones de control social penal, aún estando lejos de la edad de imputabilidad.

Cadenas de violencia y la desigual distribución de la violencia institucional

Los dos casos son ilustrativos de una tendencia que marca el aumento de la violencia institucional ejercida por las fuerzas represivas contra niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Aumento que venía registrándose en los últimos años en la Ciudad amarilla, pero que entendemos se acrecienta aún más a partir de que la política de “seguridad” que se desplegaba en la Ciudad es reforzada y ampliada desde la gestión del Estado nacional.

Los datos estadísticos sobre el tema muestran el efecto de estas políticas, incluso sin estar aún disponibles los del año en curso. Un informe reciente de la ProCuVin(Procuraduría de Violencia Institucional – Ministerio Público Fiscal) analiza las denuncias realizadas ante dicha Procuraduría por adolescentes que ingresaron al CAD por la violencia sufrida durante su detención y hasta llegar a dicha institución. De acuerdo al informe, las denuncias de violencia contra adolescentes que son sospechosos de haber cometido un delito aumentaron en la Ciudad más de 1,6 veces en el 2015 con respecto al 2014. Las fuerzas represivas que actúan en el territorio porteño se reparten los “méritos”: mientras que la fuerza más denunciadaes la Policía Federal, en relación también con su extensión y cobertura territorial, la Policía Metropolitana se caracteriza por el aumento exponencial de sus prácticas violentas sobre esta población, ya que las denuncias aumentaron el doble de un año al otro.Las denuncias efectuadas hacia Gendarmería y Prefectura completan el cuadro, con el 14% del total.

57f491a24af05Los datos disponibles permiten subrayar algo más que una tendencia general al aumento. Y es que la violencia institucional constituye una dimensión específica de la desigualdad y de los agudos contrastes sociales que caracterizan la vida de niños/as y jóvenes en la Ciudad. En efecto, la violencia institucional no se distribuye homogéneamente en el espacio social y urbano de Buenos Aires. El informe de la ProcuVin muestra que las denuncias de violencia institucional con niños y jóvenes se concentran en los barrios de la zona sur: por lo menos el 54% de las denuncias ocurren en territorios de las comisarías del sur de la Ciudad[1].En el caso específico de la Policía Metropolitana, el 86% de las denuncias recaen sobre agentes de la Comisaría de la Comuna 4, justamente donde se encuentra la Villa 21-24 y donde viven Ezequiel e Iván.

La violencia institucional no es el único modo de violencia que sufren niños y jóvenes del sur de la Ciudad. En estos barrios se triplican e incluso se cuatruplican los hogares que no llegan a cubrir con sus ingresos la canasta de bienes y servicios. De acuerdo al último Anuario Estadístico editado por el GCABA correspondiente al año 2014: la Comunas 4[2] se trata del 42.8% de los hogares y en la 8[3] del 36,8% , mientras que en las comunas del norte como la Comuna 2[4] es el 12,7% y en la Comuna 14[5], el 11% de los hogares[6].

La misma desigualdad entre el norte y el sur muestran los datos de desempleo, precariedad laboral y habitacional brindados por la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad. Estos identificanque para el 2º trimestre del 2016, en la zona sur se encuentra desocupada el 13% de la población mientras que en la zona norte la desocupación baja al 6,1%[7]. De los ocupados en zona sur, el 32.6% lo hace en trabajos no registrados. Asimismo, la situación habitacional también marca serias deficiencias: en la comuna 4, el 15% de los hogares se encuentra en situación de hacinamiento, mientras que en la Comuna 2 este porcentaje disminuye al 5,2%. No son nuevas las denuncias de los y las habitantes de las comunas del sur sobre cortes de luz sistemáticos e inundaciones, entre otras situaciones de deficiencias de los servicios básicos, situaciones que traen aparejados también riesgos y peligros a la integridad física y salud de los niños, niñas y adolescentes que allí viven.

Reconstruir la geografía de los actos de violencia institucional sobre niños y jóvenes en la Ciudad hace evidente su distribución social y urbana desigual. Y a su vez, ilustra que la violencia institucional no puede ser tratada como acciones accidentales de agentes individuales, sino como parte del entramado de violencias (las públicas, privadas, las macroestructurales, institucionales e interpersonales) que en determinados territorios se constituyen en “cadenas de violencia” y signan las vidas de los niños, niñas y jóvenes en los barrios más pobres de nuestra Ciudad, como muestran las investigaciones específicas sobre el tema[8].

Respuestas

De esta manera, es necesario que las respuestas institucionales frente a estos casos de violencia institucional actúen tanto sobre los agentes individuales que las perpetran, como sobre las condiciones sociales que hacen posible que estas prácticas se reproduzcan y concentren en los grupos de pibes y pibas donde se acumulan vulnerabilidades de todo tipo. Condiciones que los actos de violencia institucional vienen a reforzar.

La violencia institucional requiere combatirse con la presencia integral del Estado como garante de derechos en esos territorios, que garantice el acceso de niños niñas y adolescentes a su derecho a la educación, a la salud, a la recreación, a la vivienda, a la seguridad social, a la recreación, a la información, a la asociación, a la organización, a la inclusión social. Y fundamentalmente, el derecho esencial a la vida y a la integridad física.

Esta nota quiere sumar, entonces, un aporte más a la denuncia y visibilización de estos temas para combatir la impunidad de estas prácticas violentas, disputar con aquellos que identifican a los niños niñas y adolescentes pobres como responsables de la “inseguridad”, y reforzar el compromiso que como sociedad tenemos de garantizar los derechos humanos de nuestros pibes y pibas.


[1]El informe se encuentra disponible en http://www.mpf.gob.ar/procuvin/files/2016/02/Informe-violencia-policial-sobre-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-2015.pdf

[2] Comprende los  barrios de  Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios.

[3] Los barrios Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo.

[4] Comprende el barrio de Recoleta

[5] El barrio de Palermo.

[6]http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2015/09/anuario_estadistico_2014.pdf

[7]Datos extraídos de la EAH 2015. Dirección General de Estadisticas y Censos del GCBA.

[8]Desde un trabajo de investigación sociológico, Gentile (2015) utiliza el concepto de “cadenas de violencia” acuñado por Auyero y Berti (2013) para dar cuenta de las múltiples dimensiones de las violencias que se articulan en las trayectorias de niños y jóvenes de los márgenes sociourbanos.