Desarrollo

Documento por el traspaso de los dispositivos del área penal juvenil

23 agosto, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto de 2016

 Documento por el traspaso de los dispositivos del área penal juvenil

El 19 de julio se dio a conocer el Decreto presidencial 873/2016 que transfiere los Programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal, dependientes hasta el momento de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente a ello, las organizaciones y referentes del tema aquí firmantes acordamos la necesidad de expresar de manera conjunta algunas posiciones y puntos de preocupación al respecto.

En primer lugar, consideramos que el traspaso de los dispositivos al ámbito de la Ciudad es parte del proceso de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que se inicia con la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. En consonancia a su vez con la Ley Nacional Nº 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dispone la transferencia de los dispositivos de atención directa a las jurisdicciones respectivas.

Sin embargo, a un mes de firmado el decreto, nos preocupa que se desconozcan públicamente los criterios sobre los cuales se está definiendo este proceso, que se lleva adelante a puertas cerradas, sin intercambios ni diálogos con las organizaciones, sindicatos, instituciones y especialistas que venimos trabajando en el terreno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad. Venimos exigiendo información respecto a cuál será el órgano de aplicación y cuáles los organismos de control, respuestas sobre cuál será la modalidad de trabajo para la inclusión de los/as adolescentes en conflicto con la ley y de qué manera se adecuarán a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de personas menores de edad privadas de libertad, cuáles serán los recursos con los que contarán los dispositivos transferidos y cuál será la situación de los trabajadores frente al traspaso. Esta falta de información nos llevan a la necesidad de afirmar que:

  • El traspaso de estos dispositivos constituye una ocasión para discutir democráticamente la situación de las políticas públicas de atención a niños, niñas y adolescentes y el estado efectivo en que se encuentra el Sistema de Protección Integral de Derechos en la Ciudad. La situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal requiere una discusión que exceda el tema de la seguridad y los procedimientos penales, para problematizar las insuficiencias en el abanico de políticas de promoción y protección de derechos que el Estado debería desplegar para evitar que niños y adolescentes se encuentren en una situación de conflictividad penal. En este sentido, preocupa que desde hace varios años se viene denunciando el estado de Emergencia de las políticas públicas de infancia en la Ciudad, por la falta de recursos adecuados, los escasos presupuestos, la sobrecarga y colapso de los equipos técnicos y el estado de precariedad en que se encuentran los dispositivos y programas que trabajan con la niñez y su familia. Sostenemos que es necesario fortalecer el Sistema de protección de derechos en la Ciudad, única manera de disminuir la cantidad de adolescentes que ingresan a los dispositivos de intervención en esta materia.
  • Este traspaso requiere instaurar una institucionalidad en la Ciudad que priorice los objetivos socioeducativos, de inclusión social y que permita brindar los recursos efectivos para posibilitar un proyecto de vida alternativo a aquellos adolescentes que transitan por estos Centros Cerrados por motivos penales. Por ello, consideramos inadecuada la idea de que, por tratarse de intervenciones respecto de adolescentes que han cometido delitos, debiera centrarse la intervención exclusivamente en ámbitos del Ministerio de Justicia o Seguridad. Sin desmedro de trabajos conjuntos interministeriales, sostenemos que el mandato que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño es el de un sistema de justicia especializado que aborde los delitos cometidos por adolescentes. Es priorizando la condición del niño como persona en desarrollo, y no la circunstancial de haber cometido un delito, como mejor se resuelve el desafío de la especialidad.
  • En el mismo sentido, se requiere reforzar la prioridad de trabajar con las esferas familiares y comunitarias de los y las adolescentes. La discusión sobre el trabajo con estos adolescentes no se limita exclusivamente a las garantías de los jóvenes en el sistema penal, sino a las formas de fortalecer los sistemas de protección local y las políticas públicas de promoción de derechos para una efectiva acción preventiva.
  • Resulta ineludible desplegar tratamientos alternativos a la privación de libertad, como indica la Ley N°114 de Protección Integral de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes y la Ley Nº 2451 de Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad, tanto como las Reglas de Naciones Unidas para la protección de las personas menores de edad privadas de libertad, para que las medidas de encierro que se ejecutan en los Centros Cerrados constituyan efectivamente un último recurso.
  • Asimismo resulta fundamental que, siguiendo la misma normativa, se garantice el respeto estricto a los estándares locales e internacionales que establecen las condiciones de privación de libertad de las personas menores de edad.
  • De la misma manera, se deben garantizar los derechos laborales de las personas encargadas de trabajar con los y las adolescentes en esta sensible tarea, así como su formación en prácticas de respeto a los derechos humanos. Sostenemos que los derechos de la niñez necesitan trabajadoras/es con derechos. Sin presupuesto y una seria inversión se perpetúan condiciones de trabajo precarias que impactan directamente en la atención a las y los adolescentes y sus familias, donde los trabajador/as de la niñez con su compromiso y vocación realizan su tarea bajo situaciones paupérrimas y salarios bajísimos.
  • Frente a los rumores de que estos dispositivos podrían pasar a depender del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes de la Ciudad, consideramos que ello resulta inconveniente para garantizar los derechos de los y las adolescentes allí alojados. El Consejo es un organismo que fue creado bajo la Ley 114 con la función, entre otras, de orientar y articular las políticas de infancia que se desarrollen en la Ciudad y velar por la promoción y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y no como organismo de aplicación. Resulta una contradicción el hecho que el organismo que debe controlar que se respeten los derechos de los niños y adolescentes de la Ciudad (incluyendo a los alojados en los Centros) sea el mismo que lleve adelante las medidas de encierro.
  • Resulta necesario establecer y definir claramente los mecanismos de control sobre los dispositivos objeto del traspaso, para garantizar que se vele por los derechos de los y las adolescentes allí alojados, de acuerdo a la normativa y estándares locales e internacionales.
  • El traspaso debe realizarse en conjunto con el financiamiento adecuado para llevar a cabo las tareas necesarias. Incluyendo la realización de mejoras edilicias que consideramos necesarias para que los edificios sean efectivamente adecuados al respeto de los derechos humanos de los y las adolescentes privados de libertad, y que permita hacer posible el trabajo socioeducativo y elaboración de proyectos de vida alternativos.
  • Recalcamos que, de acuerdo a la legislación vigente de la Ciudad, en su Ley Nº 2451 de Régimen Procesal Penal Juvenil, ningún adolescente menor de 16 años puede ser sometido a la intervención judicial, ni puede ser alojado en un dispositivo de régimen cerrado en el ámbito de la Ciudad.
  • Los dispositivos de egreso también deben ser fortalecidos para que puedan cumplir su función de evitar reingresos en los centros de régimen cerrado.
  • Alertamos sobre la necesidad de derogar el decreto 22.278 de la Dictadura, pues su vigencia constituye una situación de irregularidad en la que hoy funcionan los dispositivos penales para jóvenes que constituye una vulneración a sus derechos. Manifestamos la necesidad de establecer un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que no conlleva necesariamente la baja de la edad de punibilidad, en el marco del respeto a los Derechos Humanos de los y las adolescentes.

Firmas

Estela de Carlotto  – Abuelas de Plaza de Mayo

Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)

Alejandro Amor y María Elena Naddeo – Defensoría del Pueblo CABA

Julián Axat, Director del Programa de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación (ATAJO)

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) –  Capital

ATE SENAF

ATE CDNNyA

CASACIDN – Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES Y JOVENES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI (UBA)

Gabriel Lerner (ex Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y ex Secretario de SEDRONAR)

Dr. Mario Alberto Juliano, Director Ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal.

Norberto Gabriel Kohen, Plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por ONG de Atención Directa

María Florencia Gentile, Plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura

José Machain, Plenarista del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por la Legislatura

Darío Pompillo, Plenarista Suplente del Consejo de Derechos de Niñas Niños y Adolescentes por ONG de Atención Directa

Asociación Civil La Casona de los Barriletes

Asociación Civil Mensajeros de la Paz

Asociación Civil Limando Rejas

Encuentro por la Niñez y la Adolescencia (FpV – Nuevo Encuentro)

Agrupación Verde y Blanca ATE Promoción Social-CABA

 

Diputados y Diputadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Andrea Conde, FpV, Presidenta de la Comisión de Mujer, Niñez, Adolescencia y Juventud de la Legislatura CABA

José Campagnoli, FpV, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura CABA

Carlos Tomada, Presidente del Bloque FpV

Pablo Ferreyra, FpV

Paula Penacca, FpV

Gabriel Fuks, FpV

María Magdalena Tiesso, FpV

Javier Andrade, FpV

Gustavo Vera, Bien Común

Inés Gorbea, Suma +

Adrián Camps, Partido Socialista Auténtico

Y SIGUEN LAS FIRMAS…

ADHESIONES: conlxspibxsno@gmail.com