Derechos humanos, seguridad y convivencia

El desgobierno de la seguridad privada: diagnóstico y propuestas de regulación

22 agosto, 2016

La seguridad privada es un servicio que ha tenido un crecimiento exponencial en la Ciudad, no sólo de la mano de la contratación de empresas o individuos, sino también del Estado. Las empresas de seguridad privada actualmente tienen una cobertura importante en la vía pública y edificios, pero también en eventos masivos, en la actividad nocturna y en la custodia de edificios públicos. Más allá de los controles administrativos, actualmente no existen mecanismos para evaluar el impacto de estas prestaciones en el sistema de seguridad pública y conocer su desempeño en la prevención de delitos. Quizás la fiesta de Time Warp o el reciente robo al Instituto Isauro Arancibia son los ejemplos más claros de la ineficiencia de estas prestaciones.

Entre 2011 y 2015 el gobierno de la Ciudad gastó más de 950 millones de pesos en agentes de seguridad privada para custodiar escuelas y centros de salud. Recientemente, se adjudicó una nueva licitación por 4400 millones de pesos para esos mismos servicios. Sin embargo, se desconoce cuál es la inversión pública total en seguridad privada, ya que más allá de esta contratación principal, los entes autárquicos y ministerios realizan otras contrataciones para custodiar sus edificios. Estas empresas contratadas por Mauricio Macri cuando era Jefe de Gobierno fueron aportantes clave de la campaña nacional del PRO.

El informe que el Ejecutivo envió a la Legislatura respecto del cumplimiento de la ley de seguridad privada carece de datos que permitan analizar el impacto de estas prestaciones en la seguridad del distrito. En respuesta a la falta de información, el jefe de bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Carlos Tomada, presentó Patovicas-Cotoun pedido de informes orientado a conocer los resultados de las prestaciones contratadas por el GCBA entre 2011 y 2015.

Por último, iniciado el proceso de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, es necesario repensar cuál es el lugar que ocuparán las empresas de seguridad privada contratadas.

En este contexto el FPV, a través de un proyecto de la Diputada Andrea Conde, con el acompañamiento de Tomada, Gabriel Fuks, Jose Campagnoli y Paula Penacca,  busca modificar el marco normativo vigente para promover mejores mecanismos de control y de articulación entre los prestadores privados y otros componentes del sistema de seguridad pública. Esto obedece a que la prestación de servicios de seguridad privada es una actividad complementaria, subsidiaria y subordinada a la seguridad pública, que forma parte del núcleo esencial de la competencia del Estado en materia de seguridad. Por tanto, la misma debe ser prestada en un marco de respeto y que garantice los derechos humanos, reforzando el paradigma de la seguridad democrática.

En este sentido, un aspecto importante de la reforma propuesta consiste en asegurar que no presten servicios de seguridad privada personas que se encuentren seriamente sospechadas de haber tenido participación en hechos que configuren graves violaciones a los derechos humanos, ampliando la prohibición para ejercer la actividad a quienes se encuentren procesados o existan pruebas suficientes de que participaron de hechos que puedan implicar delitos de lesa humanidad. Asimismo, el proyecto busca prohibir de manera expresa el uso de dispositivos portátiles de descarga eléctrica y de todas aquellas armas disuasivas y no letales que sean calificadas como elementos de tortura por organismos nacionales y/o internacionales, por parte de los agentes de la seguridad privada. Partiendo del mismo paradigma y en pos de resguardar de manera precisa los derechos humanos de los/as ciudadanos/as de la CABA es que proponemos prohibir de manera específica que los agentes de la seguridad privada puedan realizar requisas a personas o retener documentación personal.

Por otro lado, buscamos  trabajar sobre la capacitación y control de los agentes. Respecto a la capacitación, creemos necesaria una mayor estandarización de los programas, especialmente para aquellos que prestan servicios en lugares públicos o en locales de baile. Esa capacitación debe asentarse en los derechos humanos, garantías y prácticas antidiscriminatorias, incluyendo la perspectiva de género en sus contenidos. Al igual que para los agentes de la seguridad pública, los de la seguridad privada deberán capacitarse exclusivamente en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

Complementariamente respecto al control, incluimos una modificación para que los “patovicas” estén sujetos a controles de alcoholemia y estupefacientes mientras se desempeñan en sus funciones. Ellos son, en última instancia, los que tienen que garantizar la seguridad de nuestros jóvenes cuando salen a bailar o a divertirse. Creemos también importante fortalecer el rol fiscalizador del Ministerio de Justicia y Seguridad sobre los prestadores de servicios de seguridad privada, ya que actualmente se circunscriben al control de documentación para realizar o renovar habilitaciones. Es por ello que proponemos crear la figura de “cuerpo de inspectores” que tendrá como funciones controlar e inspeccionar el efectivo cumplimiento de los servicios. La Legislatura Porteña debe cumplir un rol central en la fiscalización de los prestadores de servicios de seguridad privada. Para ello, la autoridad de aplicación deberá informar semestralmente respecto del cumplimiento y aplicación de esta ley.  Dicha información permitirá conocer las prestadoras que hubieran infringido la ley y las sanciones impuestas a ellas; cuáles han sido contratadas por empresas privadas para prestar servicios en espectáculos, eventos masivos y locales bailables de la Ciudad; la cantidad y tipo de delitos, contravenciones y/o incidentes que hayan sido informados a las autoridades policiales con competencia en el territorio de la Ciudad. Además, se busca otorgar participación a las juntas comunales cuando el ejecutivo porteño decida autorizar a los prestadores a desempeñarse en lugares públicos. De este modo, se avanza de un modo concreto en la descentralización territorial que manda nuestra Constitución.