Gobierno y Participación

Gana fuerza el debate sobre el presupuesto participativo comunal en la ciudad

5 julio, 2016


En el marco de la atrasadísima descentralización presupuestaria del Ejecutivo porteño en las comunas y la institucionalización de un sistema de obra pública minorista concentrado en los presidentes de las juntas comunales (todos de CAMBIEMOS), la puesta en discusión del presupuesto participativo aparece como una ventana de oportunidad para generar algún tipo de transparencia en la ejecución de las competencias exclusivas de las comunas y dotar a los vecinos, consejos consultivos y las juntas comunales de una mayor injerencia en la gestión de sus territorios.

Luego de que los proyectos presentados por distintos legisladores del FPV (Penacca, Conde, Muiños, entre otros) y de la Coalición Cívica se instalaran en la agenda de la comisión de descentralización de la Legislatura porteña, el PRO se sumó al debate con un proyecto propio y la promesa de consensuar un texto que permita sancionarlo antes de fin de año.

Sin embargo, lo que podría ser música para los oídos de los integrantes minoritarios de las juntas comunales, participantes de los consejos consultivos y vecinos y vecinas en general, corre el riesgo de convertirse en una pesadilla que clausure el ejercicio pleno de los derechos de participación garantizados en la Constitución de nuestra Ciudad y la Ley de Comunas (1777).

Al respecto, la ley 1777 establece que cada Comuna debe elaborar su anteproyecto de presupuesto con la participación de los vecinos en la fijación de metas, formulación y control presupuestario en el ámbito de los Consejos Consultivos Comunales y con la consecuente aprobación de la junta comunal respectiva. También crea un ámbito denominado Consejo de Coordinación Inter
comunal, encargado de elaborar una matriz equitativa de distribución de recursos descentralizados entre las distintas comunas. Sin embargo, en la actualidad, esa matriz nunca se dio a conocer y el presupuesto asignado a cada comuna se atañe estrictamente a las escasas competencias delegadas (mantenimiento de espacios verdes y vías secundarias, arbolado, etc.), sin un criterio equitativo, lo que dista mucho de lo esperable a 11 años de la sanción de la ley y ya iniciado el segundo mandato de los comuneros elegidos democráticamente. A su vez, los presidentes de las juntas comunales resuelven de forma unipersonal contrataciones directas de hasta 1 millón de pesos, las cuales, como corresponde a las decisiones de un órgano colegiado, deberían ser tratadas por los juntistas.

En palabras de la Legisladora Andrea Conde (Nuevo Encuentro – FPV), coautora de uno de los proyectos de presupuesto participativo y autora de varios pedidos de informe sobre el proceso de descentralización: “Nos parece importante que se comience a discutir una ley de Presupuesto Participativo en las comunas, que es una herramienta para empoderar a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, profundizando la democracia. A través de la participación acceden a mecanismos que les permiten incidir en cuestiones claves de la gestión de los territorios donde viven, y mejorar la transparencia del proceso de descentralización. Desde la Legislatura realizamos un pedido de informe para que el ejecutivo indique los criterios de distribución de los fondos girados a las comunas. Esperamos que lo respondan a la brevedad para garantizar una discusión seria sobre este tema.”

Los proyectos en agenda de la comisión plantean algunos bemoles sobre los distintos mecanismos para la participación de los vecinos en la presentación y aprobación de los proyectos a implementarse desde las comunas. También presentan distintas alternativas en las competencias o temáticas plausibles de ser propuestas (las competencias exclusivas son el mantenimiento urbano de las vías secundarias; mantenimiento de espacios verdes y arbolado; control comunal del espacio público/poder de policía; participación vecinal; las competencias concurrentes dan mayor posibilidad de iniciativa como cultural; educativa; deportiva; ambiental; entre otras). Otro punto a discernir es qué porcentaje del presupuesto comunal se destina a la participación y cuánto queda bajo definición de la junta exclusivamente. Todos puntos que pueden ser saldados si la vocación política es acordar un texto que permita implementar definitivamente uno de los puntos más relevantes y relegados de la Ley de comunas.

No obstante, el proyecto del PRO presenta un rasgo extremadamente preocupante que, en caso de avanzar, podría enterrar cualquier expectativa de participación real. Es que el proyecto propone que sólo sean sometidos a la votación de la junta comunal para su inclusión en el anteproyecto de presupuesto aquellas iniciativas que cuenten con la aprobación del 25% del padrón de cada comuna.

Llama la atencIMG_6251ión semejante confianza cuantitativa en la participación por parte de un proyecto político que entiende como política de participación ciudadana la realización de reuniones cerradas con cupos de asistentes y con poca tradición de vincular la consulta a los vecinos con sus planes de obra pública. Ejemplos de esto fueron la oposición de los vecinos de Cabildo a la construcción del Metrobús Norte, o de los del Parque Centenario a su enrejado o estacionamiento medido en los barrios periféricos.

Sin embargo, lo fundamental es que establecer un umbral de participación para los proyectos resulta obturante de cualquier proceso real de presupuesto participativo, especialmente si se tiene en cuenta que del relevamiento de las experiencias exitosas del presupuesto participativo, los máximos históricos de participación ciudadana no superan al 10% de la ciudadanía (incluyendo casos modelo como Montevideo y Porto Alegre).

Se trata entonces de entender al presupuesto participativo como una instancia de involucramiento activo y directo de los vecinos en la gestión de los territorios donde desarrollan sus vidas, una participación que aspire a involucrar a la mayor cantidad de ciudadanos pero que no establezca los requisitos clásicos de la democracia representativa porque eso atentaría contra su desarrollo. Y también, por qué no, que involucre a la participación ciudadana en la propia elaboración del proyecto que, al contrario de establecer umbrales, amplíe los márgenes de la participación para construir en consonancia con la Constitución local, una Ciudad que “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa”.