Desarrollo

Un nuevo engaño del macrismo, esta vez con nuestros abuelos

18 junio, 2016

Apenas dos meses después de que se descubrieran las múltiples cuentas de Macri y sus funcionarios en paraísos fiscales, el macrismo envió al Congreso un proyecto de ley ómnibus que presenta como una “reparación histórica a jubilados” pero que incluye una peligrosa letra chica como un blanqueo de capitales muy oportuno en medio del escándalo de los Panamá Papers, una reforma impositiva encubierta y la venta de acciones del Estado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que tienden a desfinanciar a la ANSES.

En este artículo elaborado por la Comisión de Economía de Nuevo Encuentro se explican los principales puntos que incluye el proyecto y sus posibles consecuencias en caso de ser aprobado también en la Cámara de Senadores.


macri-jubilados¿Reparación histórica a jubilados?

El proyecto del macrismo se muestra públicamente como la voluntad por parte del Estado de reparar el problema de no haber pagado a los jubilados los juicios iniciados por los ajustes de haberes. Sin embargo, esto es algo que ya estaba haciendo el gobierno anterior. A todos los fallos con sentencia firme, el Estado les pagaba en un plazo de 6 meses a 1 año, sin quita y sin necesidad de aprobar ninguna ley. Es importante destacar, además, que la mayor parte de los juicios no eran iniciados por los jubilados que cobraban la mínima,

En el proyecto de ley en cuestión, el macrismo plantea una “quita” como si estuviéramos discutiendo con los fondos buitres. Se propone un pago distinto según si el jubilado tiene juicio con sentencia firme, lo haya iniciado y no tenga sentencia o no lo haya iniciado. A los primeros se le pagará lo que dice la sentencia y un retroactivo de sólo dos años previo a iniciada la demanda. A los segundos, dos años previos a iniciada la demanda y se reconoceran sólo hasta 4 años retroactivos (aunque reclamen diferencias de liquidación por un período de entre 5 y 10 años). A los terceros se les pagará la diferencia desde mayo de 2016 hasta que se sancione la Ley, es decir, prácticamente ningún retroactivo, lo cual genera una clara diferencia con el resto sólo por el hecho de no haber iniciado una demanda. El pago se haría en cuotas y hasta en 3 años, lo cual dista mucho de tener aspecto de reparación histórica. Además, la “oferta” que hace el Poder Ejecutivo tiene en cuenta índice de ajuste de los haberes que dan un resultado muy inferior al de los juicios, lo cual resulta extorsivo y poco beneficioso para los jubilados, por lo que se espera que pocas personas quieran adherir al programa.

También el proyecto propone quitarle parte de la lógica de equidad al sistema de jubilación dejando la moratoria sólo para las mujeres y estableciendo una jubilación de segunda (Pensión Universal), equivalente al 80% de la jubilación mínima, para quienes no hayan podido aportar 30 años porque trabajaron en negro o no consiguieron trabajo. Resulta claro que implica una pérdida de derechos.

El concepto de reparación histórica para jubilados puede encontrarse en las medidas tomadas por el gobierno anterior. Las políticas del kirchnerismo en relación a los jubilados intentaron disminuir las inequidades de la economía que heredó, en la que muchas personas no pudieron acceder a un trabajo y mucho menos en blanco. Así, mediante la Moratoria Previsional se logró que 2.500.000 personas que no habían logrado acceder a un trabajo en blanco de por lo menos 29 años puedan jubilarse a pesar de no tener todos los aportes necesarios. Es decir que de los 5.013.000 jubilados (totalizando un 6.600.000 de jubilados y pensionados), un 50% obtuvo su jubilación a través de las moratorias.

Asimismo, a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria se incrementó la jubilación mínima de $150 a $5.000, lo que representó un aumento de más del 400% en términos reales, posibilitando que personas en situaciones de alta vulnerabilidad social puedan obtener un ingreso digno.

Justamente para poder financiar estas políticas y dar sustentabilidad al sistema es que se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que financió gran parte de estos aumentos y otras políticas que colaboraban con reactivar la economía y generar más puestos de trabajo registrados. El mismo fondo que hoy el proyecto del macrismo busca desfinanciar.

El proyecto de ley, con pequeños cambios, fue aprobado sin que la ANSES ni el oficialismo dieran datos concretos sobre cuántos jubilados se verían afectados. En definitiva, tanto los puntos mencionados hasta aquí como lo acotado de la medida en términos de “beneficiarios” estarían indicando que la supuesta “reparación histórica” no sería tal.

Acerca del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o cómo allanar el camino para la reprivatización del sistema jubilatorio

Según el el macrismo, para llevar a cabo la “reparación histórica” del pago de juicios a jubilados, el gobierno necesita un elevado financiamiento. Por ello, el proyecto plantea utilizar los fondos que ingresen a través del blanqueo de capitales para este fin. Sin embargo, estos fondos no serían suficientes para tal financiamiento, por lo que el proyecto también propone la venta de activos que tiene el Estado en el FGS. Según declaraciones de funcionarios, el pago de los juicios implicaría un gasto de 75.000 millones de pesos anuales y el blanqueo, en caso de ser exitoso, no aspira a juntar más de 30.000 o 40.000 millones de pesos.

image5749ccc2246e35.26521984A simple vista, no tiene sentido plantear el financiamiento de un déficit en el sistema previsional liquidando el FGS, que servirá para pagar pasivos una sola vez a través de la venta de acciones. En cambio, podría plantearse aprovechar las utilidades que brinda el Fondo, que fueron de 4.000 millones de dólares en cinco años, el doble de lo que se espera que podría recaudarse a través del blanqueo. ¿Por qué entonces permite la venta de activos del FGS? Se intuye una intención de desfinanciar al sistema jubilatorio, lo que permitiría al gobierno volver en el futuro con algún proyecto de privatización del sistema previsional, con la excusa de que el mismo no es sustentable. Además de la intención política de que el estado deje de tener incidencia mediante directores en empresas de gran importancia en el país como Papel Prensa, Clarín, Techint, entre otras.

Los cambios que se negociaron en el proyecto no mejoran la situación. Si bien se incorporó un piso mínimo de 7% para la inversión del FGS en acciones, este piso permite vender la mitad de las acciones actualmente en poder del Fondo. Y aunque establecen que para vender acciones por debajo de ese piso, se necesita autorización del Congreso, también incluyeron una cláusula que indica que si hay una oferta pública dirigida a todos los tenedores, también se pueden vender sin pedir autorización. Asimismo, se aceptó mantener la derogación de la Ley 27.181 que prohíbe la venta sin autorización del Congreso de las acciones del FGS y las acciones de empresas donde el Estado sea socio minoritario.

Blanqueo a medida

El blanqueo de capitales, bienes muebles e inmuebles busca perdonar delitos como la evasión de impuestos o sub-declaración de ingresos. La ley “perdona” los incumplimientos del pasado, atribuyéndolos al contexto económico de Argentina y no a quienes tomaron la decisión de infringir la ley.

A diferencia del blanqueo que realizó el gobierno anterior en 2013, la propuesta del Poder Ejecutivo no incluye la obligatoriedad de repatriar los capitales sino simplemente blanquearlos, dejando como optativa la repatriación de los mismos.

Asimismo, hasta la votación del miércoles el blanqueo también incluía otro punto polémico: el permiso de familiares y ex funcionarios para blanquear.

Por si fuera poco, se había incluido en el proyecto de ley un artículo (85), que establecía el secreto fiscal y penaba económicamente a periodistas que divulgaran la identidad de quienes ingresaran al blanqueo. Luego de numerosas críticas que apuntaban al cercenamiento de la libertad de expresión, el artículo fue eliminado.

Reforma tributaria encubierta

El proyecto de ley que presentó el macrismo elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y establece una eliminación por etapas del impuesto a los Bienes Personales en 2019. Si bien este último tributo tiene una participación baja en el total de la recaudación, junto al Impuesto a las Ganancias, es un impuesto progresivo, es decir, los que más pagan son los que más tienen. Luego de duras críticas opositoras, el gobierno aceptó dar marcha atrás con la eliminación de Bienes Personales, pero mantuvo la rebaja de alícuotas (que en 2019 pasarán a ser de 0,25% para todos, cuando hoy son de 0,5% a 1,25% dependiendo del monto). Por otro lado, se impulsaba la derogación de los artículos del impuesto a las ganancias que gravan la renta financiera a partir de cobrar impuesto sobre utilidades y dividendos, cuestión que fue dejada de lado en la última versión.

Conclusiones

El proyecto esconde detrás de una supuesta reparación histórica a los jubilados, un blanqueo de capitales y una reforma impositiva que beneficia a los sectores mas pudientes de la sociedad argentina.

El programa de pago de juicio a los jubilados prevé una quita de lo que debiera pagárseles y estira los plazos actuales. Habilita a que se generen jubilaciones de primera y segunda categoría, contraria a las políticas que llevó adelante el Kirchnerismo brindando la oportunidad a los mayores de acceder al derecho de jubilarse con un haber digno para todos y todas.

El blanqueo se presenta en el contexto de la aparición pública de documentos que evidencian la existencia de cuentas no declaradas por el presidente y parte de su gabinete y es por ello que se la entremezcla en una supuesta reparación historica. Nuevamente el macrismo impulsa medidas hacia los más ricos. Esta vez poniendo como cara a los jubilados. Un nuevo engaño del actual gobierno.