Salud

Después de Costa Salguero: el debate sobre la política de drogas en la Legislatura porteña

1 junio, 2016

La tragedia producida en la fiesta “Time Warp” realizada en el Complejo Costa Salguero y en la cual murieron 5 jóvenes, además de dejar al descubierto importantes irregularidades en el otorgamiento de concesiones por parte de la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, reveló el doble discurso de Cambiemos en el tema drogas. Por un lado, su frecuente estigmatización de los sectores populares vinculándolos al narcotráfico, y por el otro, la vista gorda hacia el consumo de los sectores medios y medio-altos.

En ese marco, se inició un debate en la Legislatura Porteña en torno de distintos proyectos de ley que diversos bloques presentaron, planteando fuertes diferencias en las formas de abordaje de la problemática, las cuales van desde un enfoque punitivo y prohibibionista a otros basados en la perspectiva de derechos humanos y de salud.

El proyecto del oficialismo, directamente elevado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, parece más orientado a mostrar públicamente la preocupación y una imagen proactiva en relación a este tema, antes que a una intención de abordar la problemática con la seriedad que merece. Dicho proyecto sólo regula “eventos masivos de música electrónica”, dejando por fuera gran cantidad de actividades y espectáculos que deberían realizarse bajo las mismas condiciones de cuidado y seguridad. Además, la propuesta no plantea más prescripciones que las ya establecidas en diferentes normas vigentes (la obligatoriedad de garantizar el acceso gratuito a fuentes de hidratación y a la asistencia médica, la necesidad de que los organizadores presenten un protocolo de actuación frente a catástrofes, y la exigencia para que los predios donde se realizan las fiestas cuenten con espacios descubiertos). De esta forma, refuerza una visión estereotipada y punitivista que ha demostrado mundialmente una débil efectividad.

Por su parte, el Frente para la Victoria presentó un proyecto de Ley Integral de Regulación, Fiscalización y Reducción de Daños para la Salud en Actividades Masivas de Diversión Nocturna. La propuesta es de aplicación para espectáculos, eventos masivos y locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se  establecen  instrumentos que permiten perfeccionar las condiciones de habilitación; se proponen parámetros claros y medibles para los sistemas de control de accesos y capacidad; se establecen criterios de actuación conjunta y articulada de los cuerpos encargados de ejercer el poder de policía e inspección comunales, la fuerza de seguridad pública y el servicio de seguridad privada que deben intervenir y, finalmente, se propone constituir una comisión especial para revisar la profusa normativa existente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto del Frente para la Victoria propone terminar con el paradigma punitivista y adoptar políticas de reducción de daños desde la perspectiva del derecho a la salud. Este abordaje coincide con una nueva orientación a nivel internacional sobre esta problemática, que cuestiona la fracasada “guerra contra las drogas”. Según la Comisión Global de Política de Drogas, “la guerra mundial a las drogas ha fracasado. Cuando la Convención Única de Estupefacientes de Naciones Unidas nació hace 50 años, y cuando el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano hace 40 años, los políticos creían que las acciones severas para el cumplimiento de la ley contra los que estaban involucrados en la producción de drogas, su distribución y su uso, conducirían a una constante disminución del mercado de drogas controladas como la heroína, la cocaína, el cannabis, y al eventual logro de un ‘mundo sin drogas’”.

En esa línea, el documento aprobado en la sesión especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre drogas que se realizó del 19 al 21 de abril de este año (convocada a pedido de los presidentes de México, Guatemala y Colombia frente a los devastadores efectos que el planteo prohibicionista y punitivista ha dejado en sus países) abrió la puerta para la discusión de reformas en países que busquen enfrentar el problema con un enfoque en la salud pública y el respeto de los derechos humanos. Y en países como España, Alemania, Países Bajos y Reino Unido existe una amplia evidencia de los efectos positivos para la salud pública derivados de la aplicación de políticas de reducción de daños, tales como el testeo de pureza de pastillas de éxtasis en locales bailables o la entrega de jeringas esterilizadas para los usuarios de drogas intravenosas.

El proyecto del FPV fue girado a la Comisión de Salud en la Legislatura para su tratamiento, mientras que el del PRO fue a la Comisión de Seguridad. Eso ya dice mucho sobre el enfoque de cada uno de los proyectos”, señaló la legisladora Andrea Conde, una de las autoras del proyecto del bloque del FPV. “Hay una semejanza con la cuestión del aborto: está prohibido pero se sigue abortando. Lo mismo pasa con las drogas. Es necesario entonces desarrollar políticas públicas de reducción de daños desde una perspectiva de derechos humanos y salud como han hecho países como España, Francia o Colombia. Son experiencias exitosas y permiten evitar muertes como las de Costa Salguero. Poner carteles en los boliches que digan que la droga mata no alcanza.

En nuestro país, si bien el consumo sigue siendo ilegal, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 25 de agosto de 2009 conocida como “Fallo Arriola” declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley N° 23.737, en el que se establece el castigo por la tenencia de drogas para uso personal. Y si bien este fallo está lejos de tener la potencia y el alcance de una ley que despenalice el consumo, brinda un marco propicio para redireccionar los esfuerzos del Estado, que hoy están puestos en lograr la meta difícilmente alcanzable de “un mundo libre de drogas”, para orientarlos hacia una realista y responsable “sociedad libre del abuso de drogas”.

En ese contexto, el proyecto presentado por el Frente para la Victoria en la Legislatura Porteña busca promover prácticas de autocuidado y de consumo responsable; contribuir a la formación de equipos de trabajo en terreno; y realizar un relevamiento sobre sustancias psicoactivas de consumo en los espectáculos, eventos masivos y locales bailables de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello, estipula la realización de una experiencia piloto en la Ciudad de Buenos Aires incluyendo un testeo in situ de sustancia psicoactivas, que permita contribuir a la reducción de daños y al relevamiento de datos necesario para la elaboración de un mapa de consumo y riesgos en la Ciudad.

En definitiva, las políticas prohibicionistas y punitivistas desarrolladas en todo el mundo a lo largo de los últimos 50 años han mostrado no sólo ser ineficaces para reducir los riesgos y daños individuales y sociales de los consumos de las distintas sustancias psicoactivas, sino que han agravado exponencialmente los daños, ya sea en el campo de lo sanitario, lo social, lo legal y lo económico, promoviendo negocios ilegales multimillonarios y niveles de violencia y violaciones a los derechos humanos nunca antes vistos. Por ello, resulta imperioso diseñar nuevos marcos normativos desde una perspectiva centrada en el derecho a la salud y en la intervención activa del Estado para reducir daños y prevenir consumos problemáticos.