Educación

Una radiografía educativa del modelo

24 mayo, 2016

Compartimos la nota elaborada por el Frente Educativo de Nuevo Encuentro Ciudad de Buenos Aires.


La tecnología avanza a pasos desmesurados. Intentar controlar esta tendencia es obsoleto. Sin embargo hay elementos que persisten en resultarnos útiles. Uno de ellos es la radiografía. Esta técnica nos sirve para advertir a primera vista algunos elementos generales y tal vez alguna particularidad. De eso se trata esta columna.

Los gobiernos de corte neoliberal renacidos en los últimos años tienen fines político económicos ortodoxos, pero su estrategia ha mutado, al menos un poco. La visita del presidente de la nación al foro económico de Davos actualiza la propuesta de relación estado-mercado.

Desde la perspectiva del PRO, como núcleo de la Alianza Cambiemos, el paradigma del cambio en educación consiste sintéticamente en al menos tres puntos: desinversión educativa en todas las dimensiones del sistema estatal; jerarquización de la evaluación sobre docentes y alumnos por sobre otras áreas como la planificación de políticas y la formación docente; y una estrecha relación con el mercado.

Con respecto a la inversión educativa, la información brindada por el Gobierno de la Ciudad, sobre los presupuestos votados en la Legislatura Porteña, señala un marcado descenso del dinero destinado a educación, que va del 27.8% del presupuesto general de la Ciudad en el año 2010 a tener un presupuesto del 20.5% para este año. A estos números, se le agregan las definiciones discrecionales de subejecución de partidas destinadas a refacción y obras integrales de edificios escolares, entre otras definiciones arbitrarias que atentan contra el mejoramiento del sistema  educativo como la incorporación de nuevas tecnologías en todos los niveles y materiales de calidad.

En relación al segundo punto, la intención de jerarquizar a la evaluación por encima de otras acciones, permite reconocer las fibras del modelo político educativo. El macrismo lo ha hecho a través de la creación de un ente de evaluación en la Ciudad, y un reciente anuncio de la promoción de un organismo nacional, que pretenden ofrecer verdades sobre la educación en las que descanse la opinión pública. La evaluación sin duda constituye un elemento esencial en la mejora y el desarrollo de un sistema de calidad, que permita la incorporación de nuevos lenguajes y estrategias para el abordaje de la tarea de enseñar y aprender, en un contexto mundial de enormes complejidades para acceder a los empleos y al desarrollo productivo de las naciones. Pero la búsqueda de obtención de resultados acompañados de desinversión, desarticulación de los organismos de capacitación estatal, la escisión con respecto a los contextos socio culturales donde se producen las prácticas educativas, ofrece una unívoca conclusión: los docentes y los alumnos/as son los responsables del fracaso y del éxito. Una conclusión segmentada y frágil en un problema complejo.  Esta definición disfraza las responsabilidades indelegables que tienen los estados para ofrecer garantías en el cumplimiento de derechos y en la constitución de un sistema de calidad. El estado es garante del ingreso, permanencia y egreso con significatividad social para los estudiantes y las comunidades.

macri_campana_crop1457704623233El estado es constituido por todos los ciudadanos, pero no a todos nos caben las mismas responsabilidades ni deberes. Los docentes son agentes del estado y son la cara visible de “la política escolar” frente a los alumnos y alumnas, frente a las comunidades. Hay responsabilidades explícitas. Por eso este modelo revela una cuestión diferencial: el programa educativo del PRO consiste en la transferencia simbólica y concreta de la responsabilidad de un sistema completo, que administra el gobierno, hacia las personas que intentan hacer lo posible para garantizar el derecho social a la educación, los y las docentes. Es simbólica, porque construye significados en torno a la “vocación” y al mérito individual como garantes de las trayectorias escolares. Concreta, porque desatiende de manera estructural e institucional,  los problemas de los contextos escolares y socioculturales que atraviesan las comunidades educativas, sobre todo de aquellos sectores vulnerabilizados.

El tercer elemento es la relación del Ministerio de Educación con el mercado.  Un tema menos explorado en los debates sobre el modelo educativo del PRO.

Los docentes argentinos tienen historia de resistencia frente a los intentos privatizadores de los gobiernos neoliberales.  El modelo que se implementa en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado de los otros dos factores antes mencionados, es ejemplificador. No se trata de la costumbre explícita de privatización del “servicio”, sino otra que configura un resquebrajamiento del sistema por goteo, esto es la constitución de negocios y la tercerización como práctica cada vez más habitual.

Desde la llegada del Pro al gobierno porteño, las comunidades educativas, el sindicato docente UTE – CTERA y legisladores porteños han denunciado sistemáticamente las nebulosas relaciones entre el Ministerio de Educación y organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Desde la intromisión de la Fundación “El Arte de Vivir” del gurú internacional RaviShankar, que capacitaba docentes de manera obligatoria con gastos corrientes del Estado, hasta el negocio de Kuepa, que involucraba a funcionarios del Ministerio y  consistía en la utilización de la base de datos del Ministerio para promocionar por Mercado Libre un programa de terminalidad de escuela secundaria de manera virtual.

Este año, se advierte una profundización de estas articulaciones y promoción de la inserción de organizaciones en las escuelas públicas de gestión estatal. El efecto Davos también hace presencia en la educación.

Hace una semana la comunidad escolar de una escuela pública denunció la existencia de una organización que trabaja en conjunto con el Ministerio, y que solicitaba autorización para evaluar nutricional y corporalmente a los alumnos y alumnas de una escuela primaria. Una primera recabación de información, arroja que la organización que articula con el programa estatal “Mi escuela saludable” denominada ILSI, se encuentra financiada y auspiciada por Monsanto y Coca Cola. Estas empresas carecen de legitimidad social en cuestiones vinculadas a la educación  y son deslegitimadas con respecto al cuidado de la salud.

Otra denuncia reciente apunta a la organización “Enseña por Argentina”, filial de la organización norteamericana “Teach for America”, que tiene como propósito mejorar la calidad de la educación incorporando la figura del co-docente. Una especie de joven voluntarioso sin formación específica en el campo de las ciencias de la educación, y por fuera de cualquier convenio colectivo de trabajo docente. Esta figura aparece como colaborador desde una perspectiva nutrida de valores humanos, que parecen ser esencialmente superiores por sobre el conocimiento de la formación docente o el propio reconocimiento como trabajador de la educación en relación con una comunidad. La incorporación de sujetos sin preparación académica para enseñar, y por fuera de las normativas laborales que regulan la vida en las escuelas, se estrellan contra las demandas históricas de los docentes, que el Gobierno de la Ciudad se niega a cumplir de manera sistemática: mejores condiciones laborales, más y mejor formación en servicio.

A este escenario de relaciones nebulosas, se le agrega la definición política de la tercerización y creación de subsistemas desregulados, como son los Centros de Primera Infancia (CPI), que cumplen la tarea de contención por fuera de las normativas escolares y de los convenios laborales docentes.

A medida que se da un paso, aparecen nuevas organizaciones y poca información sobre el marco normativo que regula y permite su inserción en las escuelas de la Ciudad. El único dato persistente es que el Ministerio es un colaborador auspiciante de estas organizaciones, en las que en varias ocasiones, contribuye a su desarrollo financiándolas.

Nos preguntamos profundamente sobre los principios culturales y políticos de estas iniciativas, ya que en ninguna de estas fundaciones se remite desde su discurso a la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La desinversión, la dirección de la política hacia la evaluación excluyente, la generación de un clima de negocios en el ámbito educativo, y la desarticulación de experiencias de importante reconocimiento social y cultural como son las orquestas infantiles y juveniles, los CAJ y CAI, configuran retazos de un programa que se ancla en la desigualdad.

Como señalamos al principio, los fines de estos modelos políticos y culturales, siguen siendo los mismos, pero las estrategias inteligentemente aggiornadas nos proponen el desafío de advertirlas para construir movimientos de resistencia y estrategias que permitan sostener lo reconstruido en los últimos años.