Derechos humanos, seguridad y convivencia

“Time Warp”. Tiempo de que el gobierno porteño rinda cuentas

22 abril, 2016

Lo sucedido en la madrugada del pasado fin de semana durante la fiesta “Time Warp”, realizada en el Complejo Costa Salguero y en la cual murieron 5 jóvenes y otros 5 se encuentran en grave estado, puso al descubierto -al menos- tres graves falencias del gobierno macrista en la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar, las irregularidades en la concesión del predio de Costa Salguero por parte del GCBA a la empresa Telemetrix S.A. y las cuales vienen siendo denunciadas desde hace años. Una de estas irregularidades es el irrisorio canon que abona Telemetriz S.A. al GCBA de $263.576 pesos por mes. Cifra que ronda en un peso con cincuenta centavos por metro cuadrado, en una zona en donde el metro vale entre $160 y $250 pesos.

costa salguero 01En oposición a este alquiler de “precio-amigo”, todo indica suponer que Telemetrix S.A. recauda muchísimo mas con la sub-concesión del predio para eventos de lo que paga al GCBA. Para darnos una idea, en el año 2010 cuando la Ciudad obtenía $68 mil pesos mensuales por el alquiler de este espacio, Telemetrix recibía $750 mil pesos (promedio) a través de las sub-concesiones, significando para la Ciudad la perdida de ocho millones de pesos por año.

Por otro lado, resulta extraño también el hecho de que el objeto de la concesión señala la instalación de un complejo polideportivo, sin embargo, es evidente que las actividades que allí se desarrollan no tienen ninguna relación con lo que establece el contrato.

Finalmente, hace años que se viene denunciando el uso indebido del terreno ya que se incumple con el código de zonificación porteño, el cual establece que ahí debe haber parques (UP) y urbanización futura (UF). Es claro que ninguna de las actuales actividades que se desarrollan en el predio de Costa Salguero (playas de estacionamiento, boliches bailables, restaurantes, hoteles, oficinas comerciales, salones de conferencias, centros de exposiciones, agencia de autos, eventos musicales, etc.) son compatibles con lo estipulado en la zonificación.

La segunda falencia revelada por la tragedia es la deficiente fiscalización y la utilización de criterios completamente inadecuados por parte del GCBA para la habilitación de este tipo de actividades.  

Esta situación quedó de manifiesto tras las declaraciones del titular de la Agencia Gubernamental de Control el lunes pasado en la legislatura porteña quien afirmó que se cumplieron todos los pasos legales para la habilitación; e incluso se realizaron tres inspecciones (24 horas antes, 4 horas antes y durante el evento, a las 3 de la mañana) durante las cuales no se registraron irregularidades. El mismo señaló que la habilitación contemplaba la asistencia de hasta 13.000 personas (1,3 por metro cuadrado, menos de 2 personas por metro cuadrado como permite la norma), y sostuvo que habían contabilizado 10.900 personas. Aseguró también que el lugar contaba con ventilación adecuada, y que no se registró venta de drogas.

Sin embargo, estas constataciones de la AGC contradicen todos los testimonios de los asistentes y del propio fiscal de la causa, Federico Delgado quien sostuvo que se montó un dispositivo de “venta de drogas que tomó un cariz dramático pero real, en la medida que dentro de ese mercado que fue la Time Warp, se suscitaron diversas situaciones que agravaron el curso del evento, como ser, entre otras, baños colapsados, nula ventilación, ambiente sin ventanas y sin ventiladores, altísimas temperaturas, grandes colas de personas para acceder a la compra de botellas de agua”.

Semejantes contradicciones ponen de manifiesto que hubo gravísimas deficiencias por parte de la inspección. Por un lado, no identificaron condiciones de hacinamiento, ni la ausencia de ventilación. Como tampoco el dispositivo de venta de drogas, ó el hecho de que el agua que se vendía (a $40 o $60) era marca Block, la cual no provee información de procedencia, ni del cuadro nutricional (en este último caso debió haber intervenido la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y no lo hizo). Sumado a todo eso, llama la atención el hecho de que la seguridad del lugar incautó drogas, avisó a la Prefectura, pero está última notificó recién al otro día.

Según la información brindada el dispositivo de emergencia e hidratación contaba con 2 ambulancias, 5 médicos, y 10 socorristas. Había dos sanitarios en sectores generales, uno en el vip; y un dispenser de agua (aunque subrayan que debía haber dos). Esta situación pone de manifiesto que en el caso en el que creamos que efectivamente la cantidad de asistentes fue de 10.900 personas, había un médico cada 2.180 personas, un socorrista cada 1.090 personas; y, contemplando los 3 sanitarios (sin considerar que uno estaba en el vip) y el dispenser, una fuente de agua gratis cada 2.725 personas. Lo más preocupante de todo esto, es que si estas condiciones se encuentran validadas por la normativa, entonces debemos repensar urgentemente los criterios para habilitar este tipo de eventos.

2126-timewarp1Y finalmente, aunque no por eso menos importante, podemos afirmar –como tercera gran falencia del GCBA- el rotundo fracaso de la política de drogas.

En este sentido, el macrismo hizo campaña contra el narcotráfico desde una perspectiva punitiva basada en el paradigma norteamericano de la “guerra contra las drogas”. Esto quedó ilustrado con el triste e igualmente célebre tuit de Patricia Bullrich: “Todo tiene que ser considerando (sic) droga más allá que sus ingredientes no sean drogas”.

La materialización de esta política se tradujo en apariciones hollywoodenses en la Villa 31 (como la que tuvo lugar hace unas pocas semanas) con un “hacer la vista gorda” sobre casos como Time Warp. Dejando al descubierto la doble vara  de la estigmatización hacia los sectores más pobres y la connivencia o hipocresía frente a los sectores medios y altos de la sociedad. Esto quedó de manifiesto con las declaraciones de la vicepresidenta  al distinguir “Jóvenes pobres que se drogan y jóvenes ricos que tienen excesos” ó “La droga mata a los pobres como a la gente normal”.

Pero es evidente a todas luces que este paradigma de la “guerra contra las drogas” demostró su estrepitoso fracaso. En estos momentos se está llevando a cabo la Asamblea de Naciones Unidas donde se discute la política de drogas (UNGASS) y se contrasta este enfoque punitivo impulsado por Estados Unidos, con el enfoque de reducción de daños que impulsan otro conjunto de países, entre ellos Colombia, México, Uruguay y Costa Rica. En este sentido, Silvia Inchaurraga, directora del Centro de Estudios Avanzados en Droga dependencia y Sida (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario, y presidenta honoraria de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda) sostiene la imperante necesidad de contar con “Programas de reducción de daños, para intervenir y recorrer las fiestas electrónicas dando información sobre riesgos, y con stands para entregar aguas, y testear las pastillas y poder descartar las que estén adulteradas”.

Estas discusiones se están dando también al interior del “equipo” macrista donde hay voces disonantes que ofrecen una visión alternativa a la de Bullrich como es la de Ana María Bou Pérez, Ministra de Salud de la Ciudad quien manifestó que “hay que discutir la despenalización de las drogas (…) En otras sociedades hay ONG’s que controlan la pureza de los comprimidos antes de entrar a este tipo de fiestas”.

Lo cierto es que la denominada “fiesta de la muerte” fue el resultado, no de la fatalidad o de una juventud perdida (como muchos medios intentan hoy  hacer parecer), sino de una gestión ineficiente donde la combinación de concesiones irregulares, inspecciones tuertas y un circo mediático en torno a la política anti-drogas se llevó la vida de 5 jóvenes y puso en riesgo la salud de muchos más.