Comunicación y Cultura

Centros Culturales: la clausura como política

22 abril, 2016

La cantidad de clausuras a Centros Culturales no oficiales en la Ciudad de Buenos Aires se ha profundizado desde el segundo periodo en el gobierno de Mauricio Macri y todo parece indicar que esta política continuará bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Esta persecución a la actividad cultural descentralizada y heterogénea se enmarca en una política que promueve la homogeneización de la creación y oferta cultural como una pata más del control social.

Desde un año atrás, la sucesión de clausuras a los espacios pequeños y medianos de encuentro social y cultural que tienen una lógica comunitaria y que surgieron en la última década es injustificada dado que el Ejecutivo incumple deliberadamente las leyes vigentes.

La Legislatura porteña aprobó hace más de un año la ley 5240 que regula el funcionamiento de los Centros Culturales y, hace pocos meses, la ley 5369 que modifica el Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación para darle marco a la problemática. Sin embargo, todavía no existe el lugar físico donde deben inscribirse estos espacios y tampoco se designó a la autoridad competente, tal como establecen estas leyes. Cuando alguien se comunica para iniciar el trámite, se informa esto y se agrega que hay gente que “se está capacitando para armarlo”. En concreto, hoy alrededor de 300 centros culturales de la Ciudad siguen a la deriva, destinando su reducido presupuesto a pagar multas irrisorias e ilegales en lugar de destinar el dinero que recaudan a realizar obras para obtener la habilitación correspondiente.

laculturanoLa Agencia Gubernamental de Control (AGC) es el organismo responsable de las inspecciones y clausuras, con un funcionamiento más a modo persecutorio que regulatorio. En efecto, en la actualidad, la AGC -que no se da por enterada de la nueva normativa- ha clausurado más de 60 Centros Culturales, algunos de ellos en varias ocasiones.

La sanción de estas leyes implicó el trabajo de organizaciones sociales, culturales y políticas, que militaron fuertemente para defender la función social de los espacios culturales que no responden a la lógica comercial. En 2014 y 2015, por caso, las movilizaciones realizadas a la Legislatura porteña por los movimientos culturales, la ciudadanía en general y los legisladores que se comprometieron con el proyecto fueron clave para la sanción de la regulación que permitió el avance y la defensa de estos espacios que tienen vinculación directa con los barrios y que democratizan la participación popular en la construcción y circulación de bienes culturales.

Esta lucha fue el resultado de un cambio de paradigma: en la última década, se pasó de una lógica de grandes polos culturales al surgimiento de múltiples espacios de dimensiones reducidas y abiertos a la participación ciudadana, distribuidos en los diferentes barrios porteños.

Antes, la figura del “Centro Cultural” no estaba regulada en el Código de Habilitaciones de la Ciudad. A partir de los cambios normativos que se realizaron después de la tragedia de Cromañón, estos espacios se habían visto obligados a adaptarse a las nuevas exigencias, habilitándose bajo las figuras existentes (milongas, teatros independientes, clubes de música, entre otras). Pero estas formas no se correspondían con sus actividades reales, ni su potencialidad, ni su dinámica de funcionamiento. Entonces, los trámites de habilitación se volvieron una necesidad obligada, pero a la vez una limitación.

Todo esto dificultaba la posibilidad de conseguir financiamiento para obras o equipamiento, que a la vez eran claves para la habilitación. Y, entre otras trabas, tampoco permitían difundir las actividades que no se enmarcaban en la figura legal en la que cada Centro se había registrado.

En este sentido, la sanción de las leyes fue considerada como un logro para la difusión y el desarrollo de la cultura de la Ciudad.

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad ya dio contadas muestras de que su proyecto no transita ese carril: continúa recaudando ingresos con la fórmula persecutoria y no pone en práctica las leyes vigentes. Así, queda en evidencia que para el PRO la aplicación de una ley es un problema de intereses y no una obligación constitucional.