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Dolar Futuro: toda la información sobre la causa por la que quieren detener a CFK

11 abril, 2016

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¿Quiénes son los denunciantes, el fiscal y el juez?

La causa se inició con una denuncia por defraudación a la administración pública presentada en octubre de 2015 por dos legisladores de Cambiemos: el senador Federico Pinedo y el diputado Mario Negri. Se especula con que el responsable político detrás de la denuncia es el actual ministro de economía, Alfonso Prat Gay. La denuncia recayó en el Fiscal Federal Eduardo Taiano y en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Claudio Bonadio.

¿Quiénes son los imputados?

Tanto los denunciantes como el fiscal solicitaron que se investigue a determinadas ex autoridades del Banco Central, entre ellos su Presidente, Alejandro Vanoli.

Posteriormente el Juez Bonadio amplió la investigación a tres ex funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex Ministro de Economía, Axel Kiciloff, y el ex Secretario de finanzas, Pablo López. El juez argumenta que, a pesar de la autarquía del BCRA, estos funcionarios tuvieron control político sobre la maniobra investigada.

¿Cuál es el hecho que se imputa?

Inicialmente se denunció la comisión del delito de Defraudación contra la Administración Pública (arts. 173, inc. 7°, y 174, inc. 5°, del Código Penal) por las pérdidas, supuestamente, causadas por operaciones de “dólar futuro” realizadas por el BCRA entre septiembre y noviembre de 2015. La pena prevista para este delito es de entre 2 y 6 años de prisión.

La intención del juez ahora sería re-caratular el expediente por el delito de Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal). Para los integrantes de una asociación ilícita, la pena prevista es de entre 3 y 10 años, y para los jefes de dicha asociación, de entre 5 y 10 años.

Algunos jueces toman como argumento para la excarcelación la pena mínima del delito que se imputa (si es menor a 3 años, sería excarcelable). Por lo que algunos jueces utilizan en forma arbitraria este argumento para dictar la prisión preventiva del imputado.

Los únicos argumentos jurídicos, también subjetivos, para dictar la prisión preventiva del imputado antes de la condena (toda persona es inocente hasta que haya condena firme), son que haya peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de esa persona (está de más decir que es bastante difícil que una ex presidenta de la nación e fugue y que no hay argumentos para sostener ese supuesto toda vez que Cristina siempre se puso a disposición de la justicia. Vale mencionar el ejemplo de la causa “de las escuchas” en la que Macri estuvo imputado y fue procesado, también por el delito de Asociación Ilícita y atravesó todo el proceso en libertad.

¿Qué son las operaciones de “dólar futuro”?

Son contratos celebrados a través de mercados públicos (en este caso el ROFEX y el MAE), por los que comprador y vendedor se obligan a comprar/vender dólares en una fecha futura, estableciendo anticipadamente la cotización en pesos de la moneda a esa fecha. Al vencer el plazo, se liquida en pesos la diferencia entre el valor del contrato y la cotización que finalmente tenga la moneda. Puede decirse que es una “apuesta” sobre la cotización futura del dólar. Muchas empresas utilizan la operación porque les da mayor previsibilidad para proyectar. El BCRA la utiliza como herramienta de política macroeconómica (junto con otras operaciones como la venta de divisas o de bonos denominados en dólares), para controlar las expectativas de devaluación, proporcionar previsibilidad y alentar inversiones.

¿Cuáles son las operaciones cuestionadas? ¿Por qué?

El BCRA interviene habitualmente en el mercado del dólar futuro, especialmente en épocas de elecciones, cuando se especula con posibles devaluaciones, generándose presiones cambiarias y estancamiento de la economía. Los denunciantes argumentan que entre septiembre y noviembre de 2015 la cantidad de operaciones de dólar futuro se triplicó con respecto a los meses anteriores, que el BCRA suscribió contratos por precios de $10,60 cuando la cotización de “mercado” del dólar era de $15, y que estos contratos, después de la “inevitable” devaluación macrista, generarán una pérdida al BCRA de 70 mil millones de pesos. Para llegar a ese número, Bonadio suma las pérdidas por los contratos que ya vencieron a una cálculo de lo que sería el quebranto de los contratos que vencen hasta junio de 2016. Según los denunciantes, el gobierno anterior habría realizado estas maniobras para condicionar la política monetaria del nuevo gobierno.

¿Tiene sustento jurídico la imputación?

No. La acusación no tiene sustento jurídico ni económico, y sólo puede entenderse como una maniobra político-mediática. Se resumen a continuación algunas consideraciones sobre el tema:

  • Las pérdidas al BCRA son el resultado directo de la eliminación de las restricciones normativas al mercado cambiario (el mal llamado “cepo”) y la consecuente devaluación del 60% promovida por el nuevo gobierno. Los contratos de dólar futuro ejecutados por el BCRA están siempre atados a la cotización oficial del dólar. Por esto, aún cuando haya otras cotizaciones que puedan considerarse de “mercado”, como la del dólar ilegal (mal llamado “paralelo”) o la cotización inferida del arbitraje de bonos argentinos denominados en dólares (“contado con liqui”), el BCRA nunca hubiera sufrido pérdidas sin una devaluación del “dólar oficial”.
  • Es falso que existía una maniobra para vender dólar futuro barato e inmediatamente “arbitrarlo” (revender los contratos) en el exterior a un valor superior, como pretenden instalar algunos operadores mediáticos. En primer lugar, la normativa cambiaria impedía esa maniobra. En segundo lugar, aún cuando se vendieran en el exterior, los contratos seguían siempre atados al “dólar oficial”, por lo que su valor en cualquier mercado de mundo estaría vinculado a las expectativas de devaluación del peso por parte del Estado argentino (y no del “dólar blue” o del “contado con liqui”).
  • Es falso que la devaluación era inevitable. Aún cuando se pueda discutir la conveniencia o no de las reglamentaciones cambiarias del gobierno anterior, el actual ministro de economía, Alfonso Prat Gay, sostuvo públicamente en campaña que, en un eventual gobierno de Cambiemos, el dólar iba a rondar los $10. El propio candidato a presidente, Mauricio Macri, prometió reiteradas veces que no iba a devaluar. El cumplimiento de estas promesas de campaña hubiera significado una enorme ganancia para el BCRA por las operaciones de dólar futuro (como sucedió en diciembre de 2014, cuando la devaluación estuvo por debajo de las expectativas).
  • Es falso que se intentó perjudicar al nuevo gobierno. Los precios dados a los contratos de dólar futuro (aproximadamente $10,60 para marzo de 2016 y $11,50 para junio) reflejan la política cambiaria desarrollada durante los 12 años del anterior gobierno, y respaldan la propuesta del FPV en las elecciones y las proyecciones cambiarias del presupuesto nacional. Todas estas operaciones se realizaron antes de las elecciones, cuando el FPV tenía legítimas expectativas de retener el gobierno, y cesaron una vez consolidado el triunfo electoral de Macri.
  • Es falso que se buscó beneficiar a determinadas empresas. Las operaciones de dólar futuro se concertaron todas en mercados públicos y abiertos, y bajo la modalidad “pantalla ciega” (el BCRA no tenía modo de controlar la demanda ni conocer a los compradores).
  • El uso de una herramienta de política económica no puede constituir un delito. Aún cuando pueda discutirse la conveniencia o necesidad de las venta de dólar futuro, la ejecución de facultades legítimas por parte de un organismo no puede ser un delito. La defraudación es un delito doloso, que requiere una intención deliberada de violar un deber para obtener un beneficio indebido. Aún cuando se piense que las operaciones investigadas fueron ruinosas o negligentes, no pueden nunca constituir delito. Siguiendo el criterio de los denunciantes, también serían delito las ventas de dólar oficial para atesoramiento (“dólar ahorro”) que hicieron los bancos públicos y privados durante la vigencia de la anterior regulación cambiaria, ya que según la cotización del “mercado paralelo” hubieran podido venderlo a una cotización muy superior.
  • El BCRA es un organismo autárquico, lo que significa que tiene autonomía en el ejercicio de sus facultades (incluyendo decisiones financieras como la fijación del valor del dólar futuro), por lo que la imputación a ex miembros del Poder Ejecutivo carece de sustento. Si bien es cierto que en la práctica hay siempre un cierto grado de intervención política sobre la entidad (lo vimos en el gobierno anterior y lo vemos en el actual), una imputación penal requiere de la existencia de prueba que demuestre una conexión directa entre un funcionario externo al BCRA y las operaciones de dólar futuro investigadas. Que Axel Kiciloff haya sido delegado del PEN en el BCRA no demuestra dicho extremo.

Si la imputación no tiene sustento ¿con qué fin se busca avanzar en un procesamiento?

La finalidad es evidentemente política. Vemos como en toda Latinoamérica hay un enorme esfuerzo de corporaciones y medios (junto con sus aliados políticos y judiciales) para sacar del centro de la discusión los temas vinculados con la distribución de la riqueza y la justicia social, y reemplazarlos por constantes denuncias de corrupción que satisfagan el revanchismo social que los mismos medios han generado. Se especula con que la detención de CFK, aunque sea por algunas horas, genere una condena social que reemplace una improbable condena judicial en este caso.

¿Cuál es la situación procesal de CFK y de los demás imputados?

Luego de diversas medidas probatorias (incluyendo el testimonio de Prat Gay y de Redrado, y un polémico allanamiento al BCRA de Vanoli para recabar documentos que el organismo ya había presentado), el juez Bonadio citó a prestar declaración indagatoria a todos los imputados. La declaración de CFK está prevista para el 13 de abril.

El juez rechazó una recusación presentada por uno de los imputados, que buscaba sacarle la causa en función de la evidente falta de imparcialidad. Dicho rechazo fue apelado y se encuentra en trámite por ante la Cámara.

Luego de la declaración, el juez tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de cada imputado, que puede ser el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento.

Si bien aún no se modificó la carátula de la causa, los términos de la imputación a quienes ya declararon (incluyendo a Vanoli) indican que la intención del juez sería esbozar la teoría de una asociación ilícita, tipo que no requiere demostrar la comisión de ningún delito, sino la existencia de una banda destinada a cometer delitos. El motivo detrás de esto es que, para los jefes de la “asociación ilícita” el Código Penal prevé una pena mínima de 5 años, y según los criterios jurisprudenciales vigentes ello implica la posibilidad de dictar prisión preventiva a los procesados. Si bien Axel Kiciloff tiene fueros por ser Diputado Nacional, CFK podría quedar detenida sin condena.