Hábitat

Los complejos habitacionales: otra expresión de la ausencia del Estado porteño

6 octubre, 2015

LA SITUACIÓN DE LOS COMPLEJOS HABITACIONALES

La tragedia de Soldati puso en evidencia la política macrista para el sur de la Ciudad: la pintura en vez de los arreglos estructurales. Los complejos habitacionales y los barrios municipales necesitan una rehabilitación estructural y no sólo lo que solemos llamar una lavada de cara.

La falta de mantenimiento es otra de las formas de desentenderse de las funciones del Estado. Un Estado que trabaja para abrir las puertas al mercado inmobiliario pero no trabaja para mejorar la vida de los que habitan los complejos del sur.

Radiografía de los complejos

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 43.678 unidades construidas por intervención del Estado en diferentes etapas y con características disímiles.

  • Entre 1945 y 1967 la política de vivienda social se caracterizó por la construcción de barrios en monoblocks de planta baja y 3 pisos. Se realizaron 12 intervenciones con densidad media, que corresponden a 10.056 viviendas, con un bajo promedio de construcción por año.
  • Entre 1967 y 1983 se realizaron escasas intervenciones, con densidades medio/medio-altas y el mayor promedio de construcciones por año. Durante este período se hicieron 10 intervenciones, que corresponden a 13.656 viviendas.
  • Entre 1983 y 1997 se realizó el mayor número de intervenciones pero con la menor cantidad de casas (8.843 casas, duplicando la densidad de habitantes por parcela).

piedrabuenaLa mayoría de los complejos se encuentra en la zona sur de la Ciudad, principalmente en las comunas 8, 4 y 7.

En la Comuna 8[1] se concentra la mayor cantidad de población de conjuntos habitacionales. En ella se encuentran 7 de los 17 complejos habitacionales y barrios municipales con problemas estructurales de la Ciudad, en los que viven 60.704 personas, es decir, el 56% de quienes viven en conjuntos urbanos se encuentra en esta comuna.[2] Asimismo, del total de la población que sufre déficit habitacional, el 27% vive en complejos habitacionales.[3]

Por otra parte, sólo el 54% de las unidades que tienen los complejos se encuentra escriturada[4], lo cual conlleva que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) siga siendo el titular dominial de ellos.

Los más grandes son el Conjunto Urbano Soldati (3.200 viviendas); Gral. Savio I, II y III (Lugano 1 y 2; 6.440 viviendas + 1.088 viviendas) y el Barrio Piedrabuena (2.100 viviendas).

Construidos en distintas etapas y con operatorias disímiles, todos presentan el denominador común de la falta de mantenimiento por parte del Gobierno de la Ciudad.

Las responsabilidades del Instituto de Vivienda de la Ciudad[5]

La Ley 177, de 1999, regula las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad sobre los complejos y barrios municipales. En ella se prevé la conformación de una Comisión Técnica que lleve adelante un diagnóstico de las fallas estructurales de los edificios y de los procesos de escrituración. A partir de ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo debe instrumentar las medidas que sean necesarias para rehabilitar los complejos y terminar la escrituración de los mismos.

En el 2001, a través de la Ley 680, se insta al Gobierno de la Ciudad a realizar un informe sobre el estado dominial de los conjuntos urbanos.

Con la creación del IVC, en el 2003, se le traspasan las funciones de la anterior Comisión Municipal de la Vivienda (a través de las leyes 1251 y 2275 del 2006), amplía sus atribuciones y se agrega explícitamente que le corresponde:

Ejecutar políticas y acciones que permitan la puesta en valor, recuperación y mantenimiento edilicio de los complejos urbanos y de viviendas en barrios que se encuentren dentro de la órbita de administración del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subsidiando, de corresponder, a propietarios, adjudicatarios o legítimos ocupantes de unidades habitacionales beneficiadas por estas acciones.

El Programa de Rehabilitación y Puesta en Valor de Conjuntos Urbanos tiene como objetivo desarrollar proyectos de mejoramiento edilicio y de infraestructura en los barrios y conjuntos habitacionales de incumbencia del IVC, promoviendo la organización comunitaria y consorcial para luego efectivizar la regularización definitiva. El IVC informa que realiza destapaciones cloacales, servicio de camiones atmosféricos, aislamiento de techos, estudios de cañerías, reparaciones de ascensores, impermeabilización de fachadas, recuperación de escaleras, recuperación de gas, recuperación de cañerías de agua, recuperación de tanques de agua y cisternas, mantenimiento de espacios verdes, recuperación de luminarias, limpieza de espacios semi-públicos, poda.

En el balance de la ejecución del presupuesto de este Programa para el año 2014, el IVC informa que se ejecutó el 90% del dinero presupuestado, pero sólo se cumplió el 0,13% de las metas físicas (sólo 61 m2 de obra, de los 45.495 m2 propuestos para el año).

A este programa lo complementa el Programa de Regularización Jurídica y Financiera que tiene como función regularizar la situación dominial de los complejos y barrios construidos por el Estado en la ciudad. Según la Defensoría del Pueblo[6], en los últimos años, se escrituró compulsivamente, pero sin una evaluación adecuada de la situación de cada uno de los complejos y sin cumplir con la principal función del Estado que es la de llevar adelante la rehabilitación de los complejos antes de traspasar la propiedad a sus habitantes.

Problemas comunes a los complejos habitacionales

El incumplimiento de las funciones que le otorga la ley al IVC hace que a medida que pase el tiempo, los complejos se deterioren aun más. Los distintos informes y testimonios de sus vecinos señalan que los principales problemas tienen que ver con la aparición de problemáticas constructivas estructurales con anterioridad al cumplimiento de la vida útil esperable para este tipo de construcciones, el consecuente decrecimiento de la vida útil de los complejos y la ausencia de seguridad jurídica por escrituración.

La Defensoría del Pueblo[7] señala que las denuncias más comunes se relacionan con el creciente deterioro edilicio dado por la falta de mantenimiento de los inmuebles y de los espacios comunes, que devienen en problemas en las condiciones de salud y seguridad. Se informan roturas de caños, ausencia de conexión formal a cloacas, condiciones deficitarias de red de gas y uso de garrafa, déficit en conexión eléctrica, falta de recolección de basura domiciliaria, falta de iluminación, rotura de pluviales y caños en general.

De las cuestiones técnico-constructivas ya daba cuenta un informe sobre seguridad (estabilidad estructural, contra incendio y contra terceros), habitabilidad (confort acústico, higrotérmico, y estanqueidad), durabilidad y economía, realizado por las arquitectas Renée Dunowicz y Teresa Boselli[8] y publicado en 2002.

El estado de degradación de los edificios se manifiesta en diversos síntomas patológicos. En las estructuras se relevaron fisuras de coronamiento; desprendimiento del recubrimiento y corrosión de armaduras en tabiques y columnas de hormigón elaborado “in situ” y en elementos premoldeados. En las envolvente verticales se observaron fisuras, grietas, desprendimiento de revoques, manchas de humedad, chorreaduras y microorganismos, corrosión de marcos y hojas de las carpinterías exteriores y degradación de las membranas hidrófugas y generalizadas filtraciones hacia el interior de las viviendas desde los techos. Las pérdidas de las instalaciones sanitarias por falta de mantenimiento agudizaron el deterioro en forma generalizada.

Si bien los problemas se repiten, las características particulares de algunos de los complejos pueden dar cuenta del estado de abandono.

Los complejos

luganoBarrio General de División Manuel Nicolás Savio o Lugano 1 y 2

Este conjunto urbano, ubicado entre las avenidas Gral. F. Fernández de la Cruz y Cnel. Roca entre las calles Larrazábal y Cafayate, se empieza a construir en el año 1969 con fondos de la Comisión Municipal de la Vivienda, con el destino de ser entregados a personas relocalizadas por la obra pública, y forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del PAB. Terminó de construirse en 1973, bajo la órbita del FONAVI. Está formado por 6.440 viviendas distribuidas en diez tiras de pabellones de 24 pisos de altura, emplazados en un parque de 1.434 hectáreas. Se calcula que actualmente viven allí 25.000 personas, y que se encuentran escrituradas la mayoría de las unidades.

La tipología edilicia de este complejo tiene costos de mantenimiento muy altos, que exceden generalmente a las posibilidades de pago de las familias que lo habitan.

La Defensoría del pueblo señaló en reiteradas oportunidades los problemas que enfrentan sus habitantes, los cuales están relacionados frecuentemente con el defectuoso funcionamiento de los ascensores, que permanecen periódicamente fuera de servicio durante meses, en torres de 24 pisos (con los inconvenientes que esto conlleva para quienes no pueden utilizar las escaleras).

Con respecto a la estructura, se perciben las mismas fallas constructivas que en los otros complejos, sumándole que por sus características propias, con su planta peatonal elevada, el mantenimiento de los puentes peatonales que cruzan las calles principales debería ser fundamental para la circulación. La falta de políticas destinadas a preservarlos hace que sus estructuras estén cada vez más deterioradas.

Como en muchos complejos, las conexiones a la red de gas resultan obsoletas luego del uso. Muchas de las unidades utilizan garrafas.

El mantenimiento de los espacios comunes al interior del complejo, también muestra el abandono.

A raíz de las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas y un amparo presentado por Ofelia García y otros vecinos de la Torre 1 de Cafayate 5290, la Jueza Liberatori dio lugar a sus reclamos y el 10 de agosto de este año firmó una resolución que ordena al IVC a solucionar los problemas relacionados con el riesgo eléctrico y la ausencia de matafuegos. En el expediente figura un informe de la Dirección General de Defensa Civil ordenado por la jueza, en el que se señala: “La instalación eléctrica, cableado, llaves de luz y luminarias se encuentran fuera de toda normativa vigente. Se observan repetidas condiciones peligrosas que pueden terminar en un inminente accidente de consecuencias graves o fatales”. A su vez, se agrega que no cuenta con medidas de seguridad contra incendios: “El edificio está desprovisto totalmente de matafuegos.”[9]

El 8 de septiembre, ante la falta de respuestas del IVC, la jueza lo intima, junto con la Procuración de la Ciudad, a explicar por qué no se hicieron las obras correspondientes para solucionar los problemas ya señalados en el expediente. Y a fin de garantizar el cumplimiento de las obras, la propia jueza ordena la creación de una mesa de trabajo.

Barrio Comandante Piedrabuena

En Zuviría y Av. Gral. Paz se localiza el barrio Comandante Piedrabuena, construido entre 1979 y 1981 con un total de 2.100 departamentos. Este barrio formó parte del Plan Alborada, que pretendía erradicar las villas de la zona sur y trasladar a sus vecinos a los grandes complejos. Fue financiado primero por el Banco Hipotecario y después por el FONAVI. Estaba destinado a los habitantes de la Villa 15, más conocida como Ciudad Oculta. Al finalizar su construcción fueron trasladados allí vecinos y vecinas erradicados de distintas villas de la Ciudad.

En la actualidad, se calcula que viven en él 12.000 personas y se encuentran escrituradas 1.900 de sus casas.

Este es uno de los complejos que se encuentra en peores condiciones estructurales.

Otro de los mayores problemas es la deficiente conexión a la red de gas, que obliga a que sus habitantes tengan que usar garrafas, aumentando los riesgos.

El Barrio Piedrabuena tiene una larga historia de leyes de Emergencia edilicia y de fallos judiciales.

Las leyes de emergencia habitacional y ambiental:

La reiterada sanción de leyes de emergencia de este complejo da cuenta del estado en el que se encontraba, y todavía se encuentra, ante la falta de acción del estado local.

2005. Ley 1686. Declara la emergencia edilicia. Insta a constituir una Comisión Técnica que elabore una propuesta de solución de fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras en infraestructura y saneamiento ambiental, además de la supervisión del proceso de escrituración de las unidades.

piedrabuena22006 Ley 2227. Prórroga de la 1686.

2007 Ley 2560. Prórroga de la 1686.

2008 Ley 2737. Declara la Emergencia de Infraestructura y Ambiental. Insta a constituir una Comisión Técnica que formule una propuesta de solución de fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras en infraestructura y saneamiento ambiental. Además se exige crear una comisión de seguimiento de ese proceso.

2009 Ley 3099 Prórroga de la 2737.

2010 Ley 3563. Prórroga de la 2737 por 2 años.

Los fallos de la justicia

La falta de respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad hace que se avance, también, por la vía judicial. Es por eso que el barrio cuenta con una lista de fallos a su favor:

2007 Recurso de amparo presentado por vecinos y vecinas del complejo es avalado por la justicia, exigiendo que se resguarde la seguridad y garanticen condiciones de habitabilidad del complejo.

2011 Se realiza un acuerdo en sede judicial. El IVC se compromete a hacer obras en Piedrabuena: reparación y reemplazo de ascensores. Instalaciones de gas. Cambio de bajadas de agua y membranas. Instalaciones contra incendio. Reparaciones estructurales.

2012 GCBA apela ese acuerdo, alegando que no tiene la firma del procurador de la Ciudad. Pero, al mismo tiempo, dice que hace obras en el barrio y Macri recorre el complejo el 18 de diciembre de 2012.

29/08/2014 La Cámara II homologa el acuerdo dándole validez judicial al acuerdo.

Aún así, no hay obras de mejora de las condiciones de vida en Piedrabuena.

Conjunto Urbano Soldati

Sobre un predio de 19 hectáreas pertenecientes a la Municipalidad de Buenos Aires y cedido al Gobierno Nacional, se empezó a construir el Conjunto Urbano Soldati, delimitado por las avenidas Mariano Acosta, Coronel Roca, Lacarra y Rodrigo de Triana. Su construcción comenzó en el año 1973 y fue terminado en el año 1977, a través de la Secretaría de Vivienda y el Banco Hipotecario Nacional. Su origen se vincula al Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE) de 1967 (Ley 17.605).

El resultado fue un complejo habitacional de 3.200 viviendas que mezclaba dos tipologías: el sistema constructivo de torres articuladas en trama y de tiras también articuladas pero en paralelo. Lo componen 119 edificios: 24 son torres de planta baja y 10 ó 15 pisos; 26 edificios en pabellón de planta baja y 7, 8 ó 9 pisos; y, por último, 69 edificios en tiras bajas de planta baja y 3 pisos.

El complejo se fue construyendo por etapas. Las primeras viviendas se entregaron en el año 1974 y las últimas, tras la finalización de las obras, en 1979. Quienes lo habitaron fueron erradicados de villas de emergencia, afectados por el ensanche de la Avenida 9 de Julio, más demanda libre atraída por los créditos blandos, en general perteneciente a sectores medios y medios bajos.

soldati2Ley 623

La falta de mantenimiento por parte de la Ciudad enmarca la Ley 623, que fue sancionada en agosto de 2001 (y prorrogada hasta el año 2003), y declara la emergencia edilicia y ambiental del Conjunto Urbano Soldati.

Insta al ejecutivo a crear una Comisión Técnica, con participación vecinal, para la elaboración de un censo, una propuesta de escrituración y ordenamiento consorcial, y “para la solución de las fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras en infraestructura y saneamiento ambiental del Complejo Habitacional Soldati.” (Art. 9, Ley 623 http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley623.html)

Al no cumplirse con lo establecido por esta ley y no estar completo el proceso de escrituración del Conjunto, el titular dominial es el IVC, por lo que el mantenimiento está a su cargo hasta tanto se termine de adjudicar el total de las viviendas.

Procesos judiciales[10]

En 2009 se abre el Expediente 34250/0, impulsado por María Andicoechea y María Corpache, por el estado en el que se encuentra el complejo.

Dos años después de la denuncia, el juez subrogante del Tribunal Contencioso y Administrativo Nº6, Hugo Ricardo Zuleta, les dio la razón. El 27 de diciembre de 2011 el magistrado ordenó al gobierno porteño y al IVC a “dar estricto cumplimiento” de la realización de obras detalladas por los vecinos “en relación a los edificios” en que habitan las vecinas denunciantes, es decir, los edificios 14 (ex 8 a) y 8 (ex 13) del nudo 10. En el fallo se lee que el IVC “no puede desligarse fácilmente de sus obligaciones, máxime teniendo en cuenta que la salud integral de las personas que habitan en el complejo y-en especial los niños- corren peligro. Téngase presente que las escaleras se encuentran rotas, las barandas caídas, existen rajaduras en los edificios, filtraciones de agua, humedad en las paredes de los edificios y gran cantidad de basura desparramada por el predio entre otras cosas”.

El fallo, si hubiera sido cumplido por el gobierno porteño, habría derivado en las mejoras planteadas por los vecinos con amparo de la ley 623, pero el Gobierno de la Ciudad lo apeló.

En 2013 el Gerente Técnico del IVC, Oscar Castro, realizó un informe en el que se sostiene: “Los pasillos del sexto piso no tenían luz, la parte estructural de la escalera del nudo 10 tenía su armadura a la vista en muchos sectores, con pérdida de su capacidad de resistencia. El conjunto del nudo 10 se veía en estado defectuoso con riesgo manifiesto a la salud de los habitantes. No había indicios de que se hubieran iniciado obras estructurales.”

En relación al fallo, la decisión de la Cámara de Apelaciones Contenciosa y Administrativa, Sala 3, demoró dos años y medio, pero el 30 de abril de 2014 los camaristas Gabriela Seijas y Esteban Centenaro, promovidos por el macrismo, ratificaron la decisión de primera instancia. “En este marco, cabe insistir en que se trata de obras comprometidas hace más de una década y que los argumentos del gobierno porteño no permiten advertir cuáles serían las razones que le impiden cumplir las obligaciones legalmente impuestas”.

Inauguración de las supuestas obras de rehabilitación[11]

El 4 de abril, en plena campaña electoral, Horacio Rodríguez Larreta junto con el Presidente del IVC, Emilio Basavilbaso, recorrieron el complejo anunciando el fin de las obras de rehabilitación que debían incluir: “la impermeabilización y pintura de fachadas, instalación de nuevas luminarias, conexión externa de gas y reparación de escaleras.” (http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/inauguracion-de-obras-en-el-complejo-soldati).

Esta inauguración fue publicada en la página del GCBA, en la del IVC y hasta en la página de perfil de Mauricio Macri en la red social Facebook, quien se declaraba “orgulloso” por las mejoras en la “vida de la gente”. Sin embargo, los vecinos denuncian que lo único que se hizo de lo prometido es pintar las fachadas.

Informe de la Defensoría del Pueblo de mayo de 2015

El 29 de Mayo de este año, después de la inauguración por parte de Rodríguez Larreta de las obras de Rehabilitación Integral en plena campaña para las PASO porteñas, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las condiciones de habitabilidad de tres conjuntos urbanos que deben ser mantenidos por el IVC: Soldati, Bonorino III y Barrio Padre Mugica.

Se siguen sucediendo las denuncias ante la Defensoría relativas al deterioro y mal estado de conservación de los Conjuntos Urbanos, que han sido comprobadas mediante verificaciones efectuadas por este organismo.

El Informe concluye que “en líneas generales, las unidades funcionales que forman parte del Conjunto Urbano Villa Soldati se encuentran en pésimas condiciones de habitabilidad, al igual que los espacios comunes de los edificios que conforman los nudos característicos de este complejo de viviendas. (…) La ausencia estatal y la falta de ejecución de las tareas pertinentes para la rehabilitación edilicia integral del complejo, así como la falta de control de las tareas que encomienda a las empresas contratistas, derivaron en el desmejoramiento del Conjunto Urbano. Vale decir que, sin perjuicio que el Programa de Rehabilitación y Puesta en Valor de Conjuntos Urbanos lleva años en ejecución, a la fecha, las condiciones edilicias del Conjunto Urbano demuestran la falta de mantenimiento y la ineficacia de las intervenciones parcializadas. Asimismo, es primordial contar con una gestión administrativa técnicamente idónea, financieramente responsable y administrativamente eficiente, con la plena y responsable participación de los usuarios para la planificación del mantenimiento, las reparaciones y mejoras del cuerpo edilicio. Ello constituye una de las premisas que contribuiría a un uso más eficiente de los recursos disponibles, a prolongar la vida útil del complejo y a brindar una mayor satisfacción de uso a las aspiraciones de los usuarios.” [12]

soldati34 de septiembre

En la madrugada del 4 de septiembre, tres adolescentes cayeron desde una escalera que va del 5to. al 6to. piso del Núcleo 10 del Conjunto urbano Soldati. Uno de ellos, Cristian Crespo de 17 años, murió, y los otros dos, Nihuel Ávalos y Gastón Salinas, permanecen internados.

La ambulancia, según las familias y el titular del SAME, tardó 40 minutos en llegar, por lo que los vecinos trasladaron a los jóvenes en autos particulares ayudados por camillas de los bomberos que llegaron antes al lugar.

Desde ese día se sucedieron distintos cortes de las vías del Belgrano Sur y del Premetro por parte de los vecinos, ante la falta de respuestas del IVC.

La Asesoría Tutelar presentó una denuncia penal contra los funcionarios del IVC por “incumplimiento de deberes de funcionario público, desobediencia judicial y homicidio culposo” ante la Fiscalía Criminal de Instrucción Nº1. Gustavo Moreno, el asesor tutelar porteño que tramita el caso por la muerte de un niño en Villa Soldati, amplió el 9 de septiembre su denuncia contra el Instituto de Vivienda porteño (IVC) para que se informe por la “situación precaria” y el “riesgo inminente de accidentes” en el que se encuentran los nudos 10 y 11 de esa zona.

El asesor dice en su escrito que la muerte de Cristian Crespo fue por “omisión deliberada y desobediencia a las demandas judiciales previas”, hablando de los fallos de 2011 y 2014.

El lunes 7 por la mañana se realizó en la Legislatura una conferencia de prensa por parte de los legisladores del Frente para la Victoria, anunciando la presentación de los pedidos de informes correspondientes y del pedido de interpelación al Presidente del IVC. En la Comisión de Vivienda hablaron muchos vecinos del complejo, entre ellos, las vecinas que iniciaron los expedientes judiciales para que el Ejecutivo se haga cargo del estado de los edificios. Denuncian que sólo se realizaron obras de pintura, mientras que los edificios se encuentran en grave estado estructural, además de falta de mantenimiento de ascensores y espacios comunes, falta de conexión a la red de gas y otras fallas.

Ese día, a las 18 horas, funcionarios del IVC se reunieron con las familias sin hacer ninguna propuesta sobre obras que implicaran una verdadera rehabilitación del complejo, más que una próxima reunión para la semana entrante, mientras el resto de los vecinos esperaban los resultados de la reunión. Ante esta falta de respuestas, los vecinos, en conjunto con las organizaciones, decidieron hacer una movilización al IVC.

También denunciaron amenazas por parte de los punteros y patotas del PRO que controlan los monoblocks, para que dejen de acusar al Gobierno de la Ciudad.

El jueves 10, vecinos y vecinas del barrio de Soldati cortaron la avenida 9 de julio en reclamo por las condiciones en las que se encuentra el barrio, con un clima enrarecido por la presencia de punteros del PRO. Después de una reunión con las familias de Cristian, Nihuel y Gastón, los funcionarios del GCBA se comprometieron a realizar las obras supuestamente ya inauguradas cuando Rodríguez Larreta visitó el barrio durante la campaña electoral. Firmaron un acta compromiso para ir a verificar cuáles eran las obras que hacían falta para rehabilitar el complejo.

Esa misma tarde, la Jueza Patricia López Vergara, del Juzgado en CAyT 6, ordenó el allanamiento al IVC en busca de respuestas a la falta de obras. Un informe de la Dirección General de Defensa Civil indica que “El inmueble presenta problemas de infraestructura que dan lugar a la existencia de numerosos riesgos. Se basan principalmente en la falta de un mantenimiento integral general de la totalidad de las instalaciones y sistemas del edificio”. La jueza intimó al Ejecutivo a explicar por qué, a pesar de los fallos anteriores, no se realizaron las obras necesarias.

El viernes 11, algunos funcionarios del IVC recorrieron distintas unidades del complejo, evaluando las prioridades en las futuras obras de rehabilitación que meses atrás dijeron que ya estaban hechas.

A pesar de estas promesas, los vecinos y vecinas siguen esperando que, en algún momento, efectivamente las obras se realicen.

Conclusión

La mitad de las unidades construidas por planes estatales destinadas a vivienda social en la Ciudad de Buenos Aires presentan fallas estructurales y deterioro severo a raíz del paso del tiempo sin mantenimiento. La mayoría de los conjuntos urbanos y barrios municipales se encuentran en la zona sur de la Ciudad, mostrando, una vez más, cuáles son las políticas macristas cruzando la Avenida Rivadavia.

Los problemas estructurales que van apareciendo en los grandes complejos son consecuencia de las formas constructivas que se eligieron para hacerlos, con bajo costo de construcción y elevados gastos de mantenimiento. Si bien, de esto no podemos culpar al macrismo, su responsabilidad en la rehabilitación de los conjuntos es innegable tras ochos años de gestión.

Leyes, fallos judiciales, denuncias constantes de vecinos y vecinas dan cuenta del estado de abandono que sufren los edificios. Los problemas estructurales, la falta de servicios básicos, el funcionamiento de ascensores, las conexiones de gas, luz y agua, son todas responsabilidades del Ejecutivo local. El IVC ejecuta políticas para los complejos sin un plan de acción, sólo parches y pintura para sus fachadas, no hay proyección plurianual ni proyecto integral de recuperación de los edificios. El IVC ejecuta políticas sin identificar los problemas reales y sin elaborar propuestas de resolución. El PRO sólo quiere que los frentes de las casas de los pobres se vean más lindas, sin importar cómo se viva adentro.


[1] La comuna 8 presenta características sociodemográficas particulares dentro de la ciudad. El 37% de su población vive en villas (70.799 personas) y el 31,7% vive en los grandes complejos (60.704 personas). Esto hace que el 68,7% (131.503 personas) viva en condiciones habitacionales precarias, ya sea por las características de las viviendas, el acceso a los servicios, la calidad de la tenencia.

[2] Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires. Diagnóstico Socio-Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires.

[3] Ídem

[4]Ministerio Público Tutelar y CELS. Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible. Informe de actualización 2008-2011.Buenos Aires:2013

[5] Fuente: Instituto de Vivienda de la Ciudad. http://www.buenosaires.gob.ar/institutodevivienda

[6] http://defensoria.org.ar/wpnoticias/wp-content/uploads/2015/05/ViviendaCUrbanos.pdf

[7]Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El derecho a la vivienda. La vigencia de los derechos humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Buenos Aires a la luz del Derecho supranacional. Buenos Aires: 2009. Colección Diagnósticos. http://www.defensoria.org.ar/publicaciones/pdf/diag03.pdf

[8] Boselli, Teresa y Renée Dunowicz, “Habitar en la vivienda social de Buenos Aires: 1905-2002” en Borthagaray, Juan Manuel (Comp.). Habitar Buenos Aires: las manzanas, los lotes y las casas. Consultado en http://es.slideshare.net/mies126/habitar-en-la-vivienda-social-de-bs-as-dunowiczboselli

[9] Extraído de la Resolución del 10 de agosto de 2015 de Elena Liberatori. http://www.ijudicial.gob.ar/wp-content/uploads/2015/09/liberatoriwm.pdf

[10] Fuente: InfoJus

[11] Fuente: Sitios del GCABA

[12] http://defensoria.org.ar/wpnoticias/wp-content/uploads/2015/05/ViviendaCUrbanos.pdf