Desarrollo

El incendio del taller clandestino de la calle Páez: una tragedia originada en la ineficiencia del Gobierno de la Ciudad

29 septiembre, 2015

paez2 El 27 de abril pasado, hace más de cuatro meses, se incendiaba un taller textil clandestino en la calle Páez del barrio de Flores, y dos chicos perdían su vida en consecuencia.

Esta tragedia sacó a la luz, por un lado, la existencia de una red de talleres ilegales que emplean a trabajadores bajo condiciones de absoluta explotación. A su vez, también desnudó la absoluta ineficiencia que caracterizó a las áreas responsables de la inspección laboral del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, la Legislatura porteña envió un pedido de informes al Poder Ejecutivo, solicitando información sobre diferentes aspectos relacionados con esta tragedia. La respuesta a dicho requerimiento no hizo más que aportar nueva evidencia a las pruebas ya existentes, que confirman la responsabilidad del gobierno encabezado por Mauricio Macri por desatender no sólo las tareas de inspección en términos generales, sino también la advertencia elevada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) seis meses antes del incendio, donde notificaba que en el inmueble de la calle Páez podía estar funcionando un taller clandestino.

LA INSPECCIÓN LABORAL

En su respuesta al pedido de informes elevado por la Legislatura porteña, el Poder Ejecutivo de la Ciudad afirma que el área de inspección laboral actúa sobre un universo de 1.038 inmuebles, definido por denuncias, informes de Policía Federal y pedidos de inspección de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En primer lugar, sostienen que entre el 18 de mayo de 2015 y el 30 de junio inspeccionaron 805 inmuebles. Es decir que a cada uno de los cien inspectores con los que dicen contar, le asignaron en el lapso de un mes y medio solamente ocho inmuebles para inspeccionar.

A su vez, afirman que durante este período realizaron 132 clausuras, cifra nada desdeñable. Sin embargo, a continuación aclaran que “la cantidad de talleres textiles clausurados en estos operativos supera el número de clausuras realizadas sumando los años 2012/2013/2014”, lo cual constituye una admisión de la profunda inacción en la que estaba sumida esta área hasta que el incendio del taller de la calle Páez y la consecuente muerte de dos chicos que vivían allí le dio estado público a la situación de los talleres clandestinos y los forzó a tomar cartas en el asunto.

Por otra parte, sostienen que en estas 805 inspecciones sólo encontraron un caso con indicios de trabajo infantil, lo cual demuestra que evidentemente la selección de inmuebles a inspeccionar no se está realizando adecuadamente.

Y aportando mayor evidencia aun de la ineficiencia del área, sostienen que en enero de 2012 realizaron un relevamiento de la documentación existente en la Dirección General de Protección del Trabajo y detectaron 55.000 expedientes con “falencias procedimentales importantes”. A renglón seguido, aclaran:

“Tras el análisis de estos expedientes se dispuso tratar los casos con deficiencias subsanables y, además, agilizar el procedimiento. Como resultado se ha podido seguir más del 70% de las actuaciones descriptas”.

En definitiva, presentan como un logro de gestión el haber abandonado el seguimiento de 16.500 expedientes que podrían haber contenido incumplimientos de todo tipo a la normativa laboral vigente.

EL TALLER CLANDESTINO DE LA CALLE PÁEZ

En el caso particular del taller clandestino de Páez 2796, el GCBA asume que

“Con anterioridad a la fecha no se realizaron inspecciones en dicho inmueble toda vez que el mismo estaba siendo investigado por la justicia, donde aparentemente se había realizado una denuncia que tramita mediante expediente N° 1464/14.”

A continuación, agregan que en esas situaciones ellos actúan como colaboradores de la Justicia, y no deben interferir con la investigación que se está llevando adelante.

PROTEX PáezAhora bien, las dudas manifiestas respecto de la existencia “aparente” de una investigación judicial podrían haber sido saldadas por los responsables de las áreas de inspección del Gobierno de la Ciudad con solo una consulta a la PROTEX; sin embargo, en ningún momento se comunicaron con dicha procuraduría para informarse que en ese entonces no existía ningún proceso en curso. Esta omisión da cuenta o bien de una gravísima ineficiencia por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo porteño, o bien de que la suposición de que podía existir tal investigación constituye en realidad un pretexto elaborado a posteriori de los hechos por parte del gobierno del PRO para excusarse por no haber desempeñado las tareas de inspección que tienen bajo su responsabilidad.

A su vez, seis meses antes del incendio, en octubre de 2014 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) había enviado una consulta formal al Gobierno de la Ciudad, donde solicitaba información sobre si se habían realizado inspecciones en un listado de 24 inmuebles (entre los cuales estaba el de Páez 2796) dado que en ellos, según la misma nota, “podrían estar funcionando talleres textiles”. En su respuesta al pedido de informes de la Legislatura el GCBA asegura, en relación a esta nota de la PROTEX, que no fueron a inspeccionar el inmueble de Páez donde luego se verificó que funcionaba un taller clandestino porque la solicitud del organismo nacional era la de brindar información y no la de realizar una inspección. Según aseguran,

“existe una metodología de trabajo conjunta acordada hace años atrás con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas donde esta realiza dos tipos de requerimientos ante la Dirección General de Protección del Trabajo: 1) Pedidos de informe (como en el caso del inmueble sito en Páez 2796); y 2) Pedidos de inspección, aplicando un protocolo acordado entre los dos organismos (…) Cuando el pedido se limita a un informe, y tratándose de una investigación sobre un supuesto delito federal, el cuerpo de inspectores a cargo de la Dirección General de Protección del Trabajo (DGPT) no realiza ninguna acción inspectiva hasta que le sea indicado expresamente por quien lleve la dirección de la causa.”

Sin embargo, desde la propia PROTEX se afirmó que, en primer lugar, no existe ninguna metodología de trabajo acordada con el GCBA que establezca los dos supuestos tipos de requerimientos que son descritos por el ejecutivo porteño, ni la modalidad de acción en relación a cada uno de ellos. Y a su vez, tampoco podría existir un mecanismo como el señalado dado que, según la PROTEX,

[La] Procuraduría carece de competencia para ‘disponer allanamientos’ y requisas domiciliarias cuando (…) las facultades de inspección, control y potencial sanción de las autoridades administrativas correspondientes a los Poderes Ejecutivos (tanto nacional como locales) no pueden, por las razones que fueren, cumplir acabadamente con su indelegable rol de Policía del Trabajo.”

En consecuencia, no existe ni podría existir en ningún caso una metodología de trabajo conjunta que contemplara el segundo requerimiento (pedidos de inspección) al que el Gobierno de la Ciudad hace referencia. Por lo tanto, aludir a esa supuesta metodología constituye un falso pretexto de quienes tenían a su cargo una responsabilidad que no ejercieron.

En definitiva, el Gobierno de la Ciudad había sido notificado por la PROTEX que en Páez 2796 podía estar funcionando un taller textil clandestino. Sin embargo, desde entonces no realizaron ninguna inspección en dicho inmueble, y seis meses más tarde ocurrió el incendio que se cobró la vida de dos chicos.

A su vez, tras el incendio del taller clandestino en la calle Páez hubo diversas denuncias al Gobierno de la Ciudad para que inspeccionara posibles casos similares. Analizando en particular aquellas que se corresponden con inmuebles de la misma calle del barrio de Flores (en un radio de cuatro cuadras respecto del anterior) se observa que, sobre un total de 19 denuncias elevadas, en siete casos no obtuvieron ningún resultado durante la primera visita porque nadie atendió a los inspectores; en dos de esos siete casos encontraron en visitas subsiguientes establecimientos vacíos pero con indicios del funcionamiento previo de talleres; y en otros dos de esos siete casos, no alcanzaron ninguna conclusión en las visitas subsiguientes.

Considerando, entonces, que una primera visita de inspectores a un inmueble donde se sospecha que puede funcionar un taller clandestino no es atendida, la misma puede servir como pre-aviso para eventuales infractores. En estos casos, es responsabilidad indelegable del Gobierno de la Ciudad hacer cumplir la normativa y arbitrar los medios necesarios para que las inspecciones se puedan llevar a cabo. En relación a ello, la PROTEX recuerda que

“Los inspectores tienen, de acuerdo con el artículo 32 de la ley Nª 25.877 las siguientes facultades:

  1. a) Entrar en los lugares sujetos a inspección, sin necesidad de notificación previa ni de orden judicial de allanamiento (…)

La fuerza pública deberá prestar el auxilio que requiera el inspector en ejercicio de sus funciones.”

A tal fin, el ejecutivo porteño debiera haber generado un aceitado mecanismo con la Justicia Contravencional, de la Ciudad de modo de tener un circuito dinámico de comunicación que les permita reaccionar con celeridad ante situaciones como las aquí descrita.

 

CONCLUSIONES

“En la desesperación la gente se agarra de estos trabajos y encima se enoja con uno cuando va y los clausura (…) Uno dice la gente: ‘no puede trabajar en estas condiciones’, y la gente te contesta: ‘¿Usted qué se mete? Si yo quiero trabajar así, déjeme’ “.

IMG_0161 (1)Estas fueron las declaraciones de Mauricio Macri en el programa de Jorge Lanata en Radio Mitre, en los días posteriores al incendio del taller clandestino. Este discurso, que responsabiliza a las víctimas de la explotación laboral y la trata de personas por su situación, enmarca la ineficiencia que el propio Gobierno de la Ciudad admite que ha caracterizado a su gestión en lo respectivo a la inspección laboral.

En efecto, antes de que la situación de los talleres clandestinos tomara estado público, casi no habían realizado inspecciones ni clausuras a establecimientos denunciados;  habían abandonado el seguimiento de 16.500 expedientes por “falencias administrativas”; y luego del incendio del taller de Páez, cuando comenzaron a hacer inspecciones, sólo detectaron un caso de trabajo infantil en más de 800 visitas.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad desatendió una notificación de la PROTEX en la que advertía que en esa dirección (y en otras también incluidas en un listado) “podrían estar funcionando talleres textiles“. Frente a esta notificación, el Ejecutivo porteño esboza un falso pretexto para justificar que no realizaron inspecciones, sosteniendo que existía un mecanismo de actuación conjunta con la PROTEX que dictaba no intervenir en estos casos, lo cual fue desmentido por la propia Procuraduría. También sostienen que “aparentemente” había una investigación judicial en curso, frente a la cual no querían interferir; sin embargo, no realizaron las averiguaciones correspondientes que les hubieran notificado de la inexistencia de tal proceso judicial.

En definitiva, la respuesta del Ejecutivo porteño al pedido de informes de la Legislatura demuestra que el Gobierno de la Ciudad incurrió en graves omisiones en el caso del incendio del taller clandestino de Páez. Seguramente, la ausencia de políticas sociales que puedan reincorporar en el tejido social a las víctimas de estas situaciones de explotación extrema enmarque la ineficiencia del macrismo en esta área tan sensible.